El Senado aprobó la “Ley Nicolás”: un nuevo marco para la seguridad del paciente
La norma establece protocolos obligatorios, historia clínica digital y un registro unificado para prevenir errores médicos y mejorar la atención en todo el sistema de salud.
El Senado de la Nación sancionó este jueves la llamada “Ley Nicolás”, con 69 votos a favor y solo uno en contra, consolidando una normativa destinada a reforzar la seguridad de los pacientes y garantizar una atención médica de calidad. El proyecto, aprobado en Diputados en 2023, busca reducir los hechos de mala praxis y establecer controles más estrictos sobre la práctica profesional y el funcionamiento de las instituciones de salud.
La ley incorpora medidas de alcance nacional, entre ellas: la creación de una historia clínica digital encriptada e interoperable para asegurar la trazabilidad de la atención; la obligación de que médicos e instituciones cuenten con certificaciones periódicas; y la implementación de protocolos estandarizados de actuación en todos los niveles del sistema sanitario. También exige auditorías y planes de evaluación continua sobre las prácticas médicas, con indicadores de seguridad que permitan detectar fallas y corregirlas.
Un punto central es la creación del Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), que servirá para documentar y analizar los casos de mayor gravedad en hospitales y clínicas, conocidos como “eventos centinela”: hechos inesperados y potencialmente peligrosos que pueden ocasionar daños irreversibles o la muerte del paciente. Además, la norma define conceptos clave como incidente, evento adverso evitable o no evitable, acto temerario y evento centinela, lo que permitirá estandarizar criterios en todo el país.
La ley lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven que murió en 2017 por un diagnóstico fallido de meningitis bacteriana en una clínica de Pinamar. Su madre, Gabriela Covelli, impulsó durante años la iniciativa como un reclamo de justicia y una herramienta para que otros pacientes no sufran situaciones similares.
Con esta sanción, Argentina se suma a los países que establecen regulaciones específicas para la seguridad del paciente, colocando la responsabilidad en los profesionales y en las instituciones, que deberán garantizar condiciones para prevenir daños evitables y asegurar un sistema de salud más seguro y transparente.
