A CINCO AÑOS DE LA IVE, ORGANIZACIONES ADVIERTEN FRENOS EN SU APLICACIÓN
A cinco años de la promulgación de la Ley 27.610, colectivos feministas y de derechos humanos denuncian recortes, faltantes de insumos y cambios de enfoque estatal que afectan el acceso efectivo al aborto legal en Argentina.
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cumple cinco años desde su promulgación, el 30 de diciembre de 2020. A pesar de su vigencia formal, organizaciones feministas y de derechos humanos alertan sobre retrocesos en su implementación, con ausencias del Estado nacional, recortes en políticas públicas y resistencias que impactan en el acceso efectivo al derecho en distintas provincias del país.
Según estas organizaciones, durante el gobierno de Javier Milei se vieron afectados componentes centrales que sostenían la aplicación de la ley. Entre ellos, señalaron la interrupción en la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, medicamentos considerados esenciales para la realización de abortos seguros y no invasivos dentro del sistema de salud.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género informó que hasta mayo pasado “el Estado Nacional no adquiere ni distribuye insumos para IVE/ILE a las provincias”, lo que provocó faltantes en al menos 20 jurisdicciones. Esta situación fue confirmada por el propio Ministerio de Salud en febrero de 2025, de acuerdo con lo denunciado por los colectivos.
También se registraron retrocesos en políticas vinculadas a la prevención. En abril de 2024, el Ministerio de Salud modificó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Programa ENIA), una iniciativa que había logrado una reducción del 22% en los embarazos adolescentes. Desde fuentes oficiales se informó la baja de 619 contrataciones por un monto de 1.150 millones de pesos, bajo el argumento de una falta de delegación de responsabilidades a las provincias.
En ese contexto, Amnistía Internacional cuestionó el cambio de enfoque del Gobierno nacional y advirtió sobre la incorporación de la lucha contra la llamada “ideología de género” como eje de la agenda institucional. La organización alertó además sobre la promoción del plan de “Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad”, al denunciar que estos espacios funcionan como mecanismos de desinformación y disuasión para quienes desean interrumpir un embarazo.
La Ley 27.610 establece que el acceso al aborto debe ser seguro y gratuito en el sistema público, obras sociales y prepagas, y garantiza el trato digno, la confidencialidad y la autonomía de las personas gestantes según su edad. A cinco años de su sanción, el derecho continúa vigente, pero su implementación efectiva se mantiene como uno de los principales focos de disputa política y social en la Argentina.
