ADORMI CERRÓ UN JUICIO LABORAL ANTES DE SER FUNCIONARIO Y COBRÓ UN ACUERDO MILLONARIO
El actual jefe de Gabinete había denunciado pagos no registrados y despido sin causa contra una concesionaria automotriz, con un acuerdo homologado por la Justicia en 2017.
Antes de incorporarse al Gobierno nacional, Manuel Adorni mantuvo un prolongado conflicto laboral con su anterior empleador, una empresa vinculada al sector automotriz. En 2016, inició una demanda por despido sin causa y denunció que una parte de su salario era abonada sin registrar. El reclamo concluyó con un acuerdo conciliatorio por un monto equivalente a más de 60.000 dólares, según el valor de la moneda estadounidense al momento del cierre.
La acción judicial fue presentada contra Mapemfi S.A., concesionaria oficial de Renault donde Adorni trabajó durante casi 15 años. En la demanda también fueron incluidas Renault Argentina S.A., Plan Rombo S.A. y Centro Automotores S.A., a las que se les atribuyó una eventual responsabilidad solidaria.
El conflicto se originó en mayo de 2016, luego de que la empresa intimara al entonces empleado a justificar inasistencias bajo apercibimiento de abandono de trabajo. En respuesta, Adorni rechazó la acusación y afirmó que se le había impedido el ingreso a su puesto. En ese intercambio, denunció faltas graves contrarias a la buena fe laboral y sostuvo que percibía una suma fija mensual no registrada, además de señalar que su fecha de ingreso habría sido asentada dos años después de haber comenzado a trabajar.
Según lo planteado en la demanda, esa modalidad habría afectado el cobro de aguinaldos, vacaciones proporcionales y aportes a la seguridad social. La causa avanzó formalmente en abril de 2017 en el Juzgado Nacional del Trabajo N.º 66, donde las empresas demandadas negaron los reclamos y la existencia de relación laboral directa o responsabilidad solidaria. Durante el trámite, Adorni desistió de continuar la acción contra Renault Argentina, Plan Rombo y Centro Automotores, quedando el litigio circunscripto a Mapemfi S.A.
El 12 de septiembre de 2017, en una audiencia de conciliación, las partes alcanzaron un acuerdo que fue homologado por la Justicia laboral. De acuerdo con el acta, la empresa se comprometió a abonar 1.000.000 de pesos, en cuatro cuotas, “al solo efecto conciliatorio y sin reconocer hechos ni derecho alguno”, suma que equivalía a unos 60.000 dólares al tipo de cambio de entonces. Desde el entorno del funcionario indicaron que el expediente no llegó a juicio ni a sentencia y que el acuerdo se celebró dentro del marco legal, varios años antes de su ingreso a la función pública.
