EL GOBIERNO ANTICIPÓ QUE NO ASIGNARÁ FONDOS A LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD PESE AL FALLO JUDICIAL
Desde la Casa Rosada confirmaron que apelarán la decisión del Juzgado Federal de Campana y sostienen que no existen partidas presupuestarias para aplicar la norma sancionada por el Congreso.
El Gobierno nacional confirmó que no dispondrá partidas presupuestarias para implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, a pesar del fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó su aplicación inmediata. Altas fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Estado no cuenta con los fondos necesarios para cumplir con la normativa y anticiparon que la decisión judicial será apelada.
La definición se conoció luego de que el juez federal Adrián González Charvay declarara inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025, mediante el cual el Ejecutivo había suspendido la ejecución de la ley. En su resolución, el magistrado hizo lugar a una acción colectiva, ordenó la vigencia inmediata de la Ley 27.793 y dispuso que el Estado Nacional afronte las costas del proceso, además de ordenar la publicación del fallo en el Registro Público de Procesos Colectivos.
Desde el Ejecutivo ratificaron que la negativa a ejecutar la ley responde a la falta de financiamiento específico y remarcaron que la postura se inscribe en la misma lógica que impulsa el proyecto de Ley de Estabilidad Fiscal enviado al Congreso. Esa iniciativa propone que toda norma que genere nuevos gastos entre en vigencia únicamente cuando las partidas correspondientes sean incorporadas al presupuesto del ejercicio siguiente, aunque dicho proyecto aún no comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados.
El conflicto se originó tras la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, cuya ejecución fue suspendida por el Ejecutivo bajo el argumento de que no se habían detallado las fuentes de financiamiento. El Ministerio de Salud sostuvo que aplicar la ley sin respaldo presupuestario pondría en riesgo la sustentabilidad fiscal y otros servicios esenciales, y que el Jefe de Gabinete no podía reasignar partidas para una norma suspendida.
La causa judicial fue impulsada por representantes legales de niños con Certificado Único de Discapacidad y contó con la adhesión de numerosas asociaciones civiles, prestadores y familiares de personas con discapacidad de todo el país. Las presentaciones coincidieron en advertir una crisis estructural del sistema, con una inflación acumulada del 114,6% entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 frente a aumentos de aranceles del 42,6%, lo que generó una fuerte pérdida del poder adquisitivo y derivó en cierres de instituciones y suspensión de tratamientos.
En su fallo, el juez González Charvay sostuvo que la suspensión de la ley vulnera el principio de supremacía constitucional y excede las facultades del Poder Ejecutivo, al condicionar la aplicación de una norma sancionada por insistencia parlamentaria. También desestimó el argumento fiscal al señalar que el Congreso facultó al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias y recordó que desde diciembre de 2023 se efectuaron numerosas reasignaciones de partidas para otros fines.
Mientras el Gobierno avanza con la apelación, la decisión judicial mantiene vigente la orden de aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un escenario de fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y la Justicia.
