EL GOBIERNO APELARÁ EL FALLO QUE SUSPENDE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO ANTIPIQUETES
El Ejecutivo cuestionó la decisión judicial y confirmó que recurrirá a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para sostener la vigencia del procedimiento de seguridad en manifestaciones. Desde el oficialismo aseguran que la medida es legal y cuenta con respaldo social.
El Gobierno nacional resolvió apelar el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 que ordenó dejar de aplicar el protocolo antipiquetes durante las manifestaciones públicas. La decisión judicial, firmada por el juez federal Martín Cormick, hizo lugar a una acción de amparo y consideró que el procedimiento presenta vicios en su conformación legal.
Según indicaron fuentes oficiales, el Ejecutivo considera que el protocolo es una herramienta legítima, vigente desde el inicio de la actual gestión, y que garantiza el derecho constitucional a la protesta al tiempo que ordena la modalidad en que se desarrollan las manifestaciones. En ese marco, las autoridades confirmaron que la apelación será presentada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Desde la Casa Rosada rechazaron los fundamentos del fallo y afirmaron que los operativos de seguridad “garantizan la paz social” y no carecen de legitimidad. Además, señalaron que la Justicia ya validó el procedimiento en reiteradas oportunidades cuando se plantearon cuestionamientos a su constitucionalidad.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, impulsará formalmente la apelación. En un comunicado oficial, la cartera sostuvo que el protocolo “es legítimo”, cuenta con “fundamentos técnicos, jurídicos y operativos” y permitió, desde su implementación, garantizar la libre circulación en el espacio público.
Cormick fundamentó su decisión en que la resolución 943/2023, que dio origen al protocolo, implicaría una atribución de facultades que la Constitución reserva al Poder Legislativo, al entender que el Ministerio de Seguridad avanzó sobre materias de carácter penal y procesal. En marzo pasado, el mismo magistrado había rechazado suspender el procedimiento y asistido a una manifestación de jubilados para supervisar su aplicación.
El fallo favorable al amparo fue presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Frente a esto, el Gobierno sostuvo que la medida judicial responde a motivaciones políticas y advirtió que, sin el protocolo, “vuelve el desorden”.
En la misma línea se expresó la exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, quien cuestionó la sentencia y afirmó que la metodología fue validada por otros jueces y cuenta con el respaldo de la mayoría de la sociedad. También vinculó el fallo con otras resoluciones recientes del magistrado sobre leyes sancionadas por el Congreso.
