
EL GOBIERNO IMPULSA EN EL SENADO LA LEY DE INOCENCIA FISCAL: CAMBIOS CLAVE PARA CONTRIBUYENTES
Con media sanción en Diputados, el proyecto propone elevar umbrales de evasión, simplificar Ganancias y reducir la discrecionalidad fiscal para incentivar el ingreso de dólares al sistema formal.
El Gobierno buscará este viernes avanzar en el Senado de la Nación con la aprobación de la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, una iniciativa que ya cuenta con media sanción en Diputados y que se debatirá en paralelo al Presupuesto 2026. El proyecto apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes, con foco en la simplificación administrativa y el estímulo al cumplimiento voluntario.
La propuesta introduce cambios en el régimen penal tributario, crea un nuevo esquema para el pago del Impuesto a las Ganancias y eleva los montos a partir de los cuales se configura la evasión impositiva que habilita sanciones por parte de ARCA. El objetivo declarado es reducir la carga burocrática, actualizar valores considerados obsoletos y facilitar el ingreso de ahorros en dólares al circuito formal sin penalidades.
La iniciativa contempla dos ejes. El primero redefine el paradigma del régimen fiscal general, elevando los umbrales de persecución penal. El segundo apunta a “blindar” a quienes adhieran al nuevo Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias. Al presentar el proyecto en junio, el entonces titular de ARCA, Juan Pazo, explicó que el Estado dejaría de investigar como evasión simple diferencias menores y concentraría recursos en casos de mayor magnitud.
En concreto, el proyecto modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769) y eleva de manera significativa los montos mínimos para configurar delitos: por ejemplo, el umbral del artículo 1° pasa de $1.500.000 a $100.000.000; el del artículo 2°, de $15.000.000 a $1.000.000.000; y el del artículo 5°, de $100.000 a $10.000.000. Además, prevé la extinción de la acción penal si el contribuyente cancela la deuda antes de la denuncia o, si ya existe imputación, dentro de un plazo con recargos.
También se introducen cambios en los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683), con actualización de multas y una reducción del plazo de prescripción de 10 a 5 años para contribuyentes cumplidores sin “discrepancias significativas”, concepto que el proyecto define con parámetros objetivos. En el plano civil, se armonizan los plazos de prescripción tributaria con el Código Civil y Comercial.
Por último, se crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país —excluidos los grandes contribuyentes— con topes de ingresos y patrimonio. Entre los beneficios, se destaca el efecto liberatorio y la presunción de exactitud de las declaraciones, salvo desvíos relevantes. El debate en el Senado definirá si este nuevo marco fiscal avanza sin cambios.