
EL GOBIERNO VOLVERÁ A IMPULSAR CAMBIOS EN LA LEY DE SALUD MENTAL EN 2026
Tras quedar fuera de la Ley Bases, el Poder Ejecutivo planea enviar un nuevo proyecto durante las sesiones ordinarias para modificar el régimen de internaciones involuntarias y crear dispositivos especializados.
El Gobierno nacional volverá a insistir en 2026 con una reforma de la Ley de Salud Mental, luego de que los cambios propuestos quedaran excluidos de la Ley Bases. La iniciativa forma parte de la hoja de ruta legislativa que el presidente Javier Milei proyecta para el próximo año y apunta a introducir modificaciones durante el período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo.
Según fuentes del Poder Ejecutivo, el proyecto buscará reordenar aspectos centrales de la Ley N° 26.657, sancionada en 2010, en particular el régimen de internaciones involuntarias. El eje principal será habilitar, en determinados casos, la intervención judicial para autorizar la hospitalización de pacientes, una demanda que el Gobierno atribuye a familiares, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad.
La iniciativa será impulsada desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, y retomará puntos que ya habían sido incluidos en los borradores originales de la Ley Bases. Entre ellos, se analiza la creación de centros especializados, la redefinición de los criterios de internación como recurso terapéutico excepcional y cambios en las condiciones de egreso y rehabilitación de los pacientes.
Desde la Casa Rosada sostienen que el espíritu original de la ley, basado en la antimanicomialización y la protección de derechos, encontró límites en su aplicación práctica por la falta de dispositivos adecuados. “Hay que recuperar herramientas que funcionaban en la normativa anterior”, señalaron fuentes oficiales, en referencia a la posibilidad de actuar con mayor rapidez ante episodios agudos o situaciones de riesgo.
El debate no es nuevo y vuelve a generar posiciones encontradas. Organizaciones y activistas del sector de la salud mental cuestionaron los intentos previos de reforma por considerar que implican un retroceso y una profundización de la lógica manicomial. En cambio, el Gobierno respalda su postura con casos emblemáticos de alto impacto público y con reclamos de familiares que denuncian la falta de herramientas legales para intervenir a tiempo.
Entre esos testimonios, tuvo especial peso la exposición en el Congreso de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier. Charpentier cuestionó la ley vigente por no haber sido elaborada con participación de psiquiatras ni universidades y por no reflejar la realidad de las familias que conviven con trastornos mentales y adicciones. También criticó el nivel de financiamiento destinado al área.
El Ejecutivo evalúa anunciar formalmente el proyecto durante la Apertura de Sesiones del Congreso, a comienzos de marzo. De avanzar, la reforma reabrirá un debate sensible que combina derechos individuales, seguridad pública y políticas sanitarias, y que promete ser uno de los ejes más controversiales de la agenda legislativa de 2026.