FALLO POR YPF EN EE.UU.: EL GOBIERNO DENUNCIA HOSTIGAMIENTO Y BUSCA FRENAR LA EJECUCIÓN
Mientras espera una definición en la apelación por la expropiación de YPF, la Argentina acusó a los demandantes de ejercer presión judicial en Estados Unidos para avanzar con el cobro de la condena.
La Argentina atraviesa uno de sus litigios internacionales más relevantes en los tribunales de Estados Unidos por la expropiación de YPF. El país enfrenta una condena de primera instancia por 16.000 millones de dólares y aguarda una resolución favorable en la apelación, que podría dejar sin efecto los intentos de ejecutar el fallo original mientras continúa la revisión judicial.
En ese contexto, el Gobierno nacional denunció un accionar de hostigamiento por parte de los demandantes, quienes buscan avanzar con el cobro de la sentencia pese a que la Argentina presentó el recurso de apelación sin depositar las garantías exigidas. Esa situación habilita, según la normativa estadounidense, a que los beneficiarios del fallo continúen con medidas para intentar ejecutar la condena durante el trámite de revisión.
Los demandantes, financiados por el fondo Burford Capital, exploran distintas estrategias judiciales. Entre ellas, evalúan demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como “alter ego” del Estado argentino, con el objetivo de embargar activos de esas entidades.
Como parte del proceso, se desarrolla una etapa de discovery, en la que los demandantes reclaman el acceso a correos electrónicos y mensajes privados de funcionarios y exfuncionarios argentinos. En las últimas semanas, los fondos Eton Park y Petersen intensificaron la presión para obtener esa información y advirtieron que podrían solicitar sanciones, incluida una declaración de desacato, en caso de demoras.
La defensa argentina informó a la jueza Loretta Preska que se trata de comunicaciones privadas y que su entrega requiere el consentimiento de las personas involucradas. Desde el Gobierno calificaron la orden de discovery como un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano, en contradicción con el derecho internacional público.
Este miércoles, la Procuración del Tesoro aseguró que la Argentina no se encuentra en desacato y que cumple con todas las decisiones judiciales vigentes. Además, informó que apeló la orden que exige la entrega de comunicaciones personales, por considerarla ilegítima e ilegal tanto bajo el derecho argentino como estadounidense, y aclaró que se realizan entregas parciales de información mientras se gestionan los consentimientos necesarios.
En cuanto al calendario judicial, aún no hay una fecha definida para la resolución de la apelación principal. Las estimaciones más optimistas señalan que podría conocerse en los primeros meses de 2026, mientras que los demandantes prevén un proceso que podría extenderse hasta 2027. El avance del juicio sigue de cerca la agenda económica nacional y genera especial atención en provincias vinculadas al sector energético, como Catamarca, ante el impacto potencial de una sentencia definitiva.
