MILEI IMPULSA UN PROYECTO QUE SOMETE EL GASTO PROVINCIAL A LÍMITES FISCALES ESTRICTOS
La iniciativa presentada por el Gobierno busca prohibir presupuestos deficitarios, habilita recortes en la ejecución y crea nuevas figuras penales para sancionar a funcionarios que incumplan reglas fiscales.
El Gobierno difundió el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que será tratado en las sesiones extraordinarias de diciembre y propone modificaciones estructurales en materia fiscal, penal y administrativa. La iniciativa apunta a restringir el gasto público, reforzar la disciplina presupuestaria y establecer sanciones penales para funcionarios que incumplan estas reglas, con consecuencias directas sobre el funcionamiento del Estado nacional, el Congreso, el Banco Central y los organismos descentralizados.
El texto concentra su eje en la prohibición absoluta de aprobar presupuestos deficitarios, una regla que condiciona al Congreso al depender de variables como recaudación, actividad económica e inflación. Este límite busca disciplinar las cuentas públicas, pero reduce la capacidad estatal para responder a emergencias o fluctuaciones macroeconómicas. Además, el artículo 2 habilita al jefe de Gabinete a efectuar recortes cuando se registren desvíos en ingresos o aumentos de gastos, priorizando partidas no obligatorias y otorgando un margen amplio de decisión al Ejecutivo.
Todo proyecto que implique gasto deberá incluir un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo elaborado por Hacienda o la Oficina de Presupuesto del Congreso, según corresponda. El proyecto también declara nulas de manera absoluta las normas que vulneren estas disposiciones, lo que podría incrementar la judicialización y habilitar la intervención de los tribunales en discusiones sobre gasto público. En paralelo, se refuerzan restricciones al Ejecutivo al impedir gastos sin autorización y solicitar adelantos transitorios al Banco Central, eliminando un instrumento contracíclico habitual en economías emergentes.
La reforma a la Ley 24.156 amplía la consolidación presupuestaria obligatoria a entes autárquicos, fondos fiduciarios y entidades públicas no empresariales. Aquellos organismos que no cumplan con este procedimiento quedarán inhabilitados para recibir recursos del Tesoro, lo que podría afectar áreas clave como ciencia, salud, educación y programas de protección social. A ello se suma la incorporación de figuras penales inéditas: el artículo 248 ter sanciona con penas de 1 a 6 años a quienes incrementen gasto sin contar con recursos acreditados, y el artículo 287 bis establece penas de 3 a 10 años para funcionarios del Banco Central que autoricen emisión irregular o distribuyan moneda emitida ilegalmente.
Las nuevas figuras plantean dificultades técnicas al depender de interpretaciones contables y del contexto macroeconómico, lo que podría traducirse en imputaciones en casos de proyecciones fallidas o decisiones controvertidas. El proyecto también modifica el régimen del Decreto 1399/01 y redefine aspectos presupuestarios de las empresas públicas, afectando especialmente a ARCA, que quedará sujeta al régimen de administración financiera en materia de presupuesto y contrataciones, reduciendo su flexibilidad operativa.
Finalmente, el Título III amplía el universo de entidades obligadas a consolidar sus cuentas en el Presupuesto General. Aunque esto mejora el control fiscal, también incrementa el riesgo de restricciones financieras para organismos que dependen de transferencias estatales para sostener funciones estratégicas.
