PRESTADORES DE LA SALUD ADVIERTEN POR RIESGO LABORAL SI EL PRESUPUESTO 2026 EXCLUYE LA EMERGENCIA SANITARIA
La Unión Argentina de Salud alertó que más de un millón de empleos y miles de instituciones quedarían en situación crítica si no se prorroga el régimen vigente.
Los prestadores del sistema de salud encendieron una señal de alarma ante la posibilidad de que el Presupuesto 2026 sea aprobado sin la prórroga de la emergencia sanitaria. Desde la Unión Argentina de Salud advirtieron que esta decisión podría derivar en la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo y poner en riesgo la continuidad de miles de instituciones en todo el país.
La entidad, que agrupa a clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales, cuestionó la eliminación del Capítulo XI, artículo 78, del proyecto de Ley de Presupuesto. Ese apartado contemplaba disposiciones vinculadas al financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad, la movilidad de las asignaciones familiares y la ampliación del régimen de zonas frías, además de sostener el marco de emergencia sanitaria.
Desde la UAS recordaron que la emergencia sanitaria se encuentra vigente desde 2001 y señalaron que, a lo largo de distintos gobiernos, no se resolvieron los problemas estructurales del sector. En ese sentido, remarcaron que nunca se produjo un sinceramiento integral de los costos y precios de la actividad, lo que mantiene a los prestadores en una situación de fragilidad financiera permanente.
Según la cámara empresaria, lo aprobado recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación “deja en situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones”, que emplean a más de un millón de trabajadores registrados. Advirtieron que, de avanzar el esquema actual, muchos establecimientos podrían enfrentar el riesgo concreto de cierre a partir del 1 de enero de 2026.
Ante este escenario, los prestadores reclamaron el dictado de una norma que prorrogue de manera explícita el régimen de inembargabilidad, con el objetivo de evitar que deudas fiscales deriven en embargos que paralicen la operatoria de los centros de salud. Señalaron que la pérdida de ese resguardo tendría un impacto inmediato en la prestación de servicios esenciales.
“El régimen de inembargabilidad no implica una condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público”, afirmó el presidente de la UAS, Hugo Magonza. Además, advirtió que la posibilidad de avanzar con embargos sobre cuentas y activos críticos comprometería de forma directa la atención sanitaria y la estabilidad del sistema en su conjunto.
