SANTILLI ADVIERTIÓ QUE LAS LEYES DE DISCAPACIDAD Y FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO DEBEN SER MODIFICADAS
El ministro del Interior sostuvo que, si no se corrigen esas normas, el Gobierno deberá ajustar otras partidas y reiteró la necesidad de aprobar el Presupuesto nacional.
El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario constituyen un “exceso de norma” y advirtió que, de no introducirse cambios, el Gobierno se verá obligado a realizar ajustes en otras partidas del gasto público. En ese marco, reconoció que dentro del propio oficialismo existe un debate abierto sobre el camino a seguir.
El funcionario explicó que el Ejecutivo había intentado derogar ambas leyes en el proyecto de Presupuesto, argumentando el impacto fiscal, pero esa iniciativa fue rechazada en la Cámara de Diputados y el oficialismo no cuenta con los votos necesarios en el Senado para insistir con su inclusión. Señaló que el debate interno oscila entre la derogación y la corrección de las normas, una discusión que se retomará tras la definición del Presupuesto, que podría ser tratado esta semana en la Cámara Alta.
Santilli puso como ejemplo el régimen de pensiones por discapacidad y sostuvo que, llevado al extremo, podría derivar en la incorporación de 1.600.000 nuevas pensiones. En ese sentido, remarcó que si no se avanza en modificaciones, será necesario ajustar otras áreas del gasto, y planteó la importancia de abrir instancias de diálogo para encontrar consensos.
El ministro insistió en la necesidad de contar con un Presupuesto aprobado y subrayó que el país necesita una hoja de ruta tras varios años sin una ley de gastos y recursos. Destacó que la mayor parte del Presupuesto se destina a jubilaciones, gasto social, salud, educación y discapacidad, y consideró que existe una coincidencia mayoritaria entre gobernadores y senadores sobre la importancia de su sanción.
Por otra parte, al referirse a la postergación del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, Santilli respaldó la decisión de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, de extender los plazos hasta febrero, al considerar adecuada esa estrategia legislativa.
