CARRIÓ DENUNCIÓ UN SUPUESTO ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA AFA PARA ENCUBRIR IRREGULARIDADES
La líder de la Coalición Cívica acusó a la gestión de Javier Milei de pactar con sectores del fútbol para garantizar impunidad en una causa judicial por presunto lavado de dinero.
La dirigente política Elisa “Lilita” Carrió denunció públicamente la existencia de un presunto acuerdo entre el Gobierno nacional y sectores vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para encubrir supuestas irregularidades económicas millonarias. La acusación fue formulada el 20 de enero de 2026 a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que volvió a cuestionar el manejo de fondos en el ámbito del fútbol argentino.
Según expresó la referente de la Coalición Cívica, el supuesto pacto involucraría a la administración del presidente Javier Milei y al exministro de Economía Sergio Massa, con el objetivo de garantizar impunidad en el manejo de recursos de la AFA. En sus declaraciones, Carrió sostuvo que “la corrupción queda en manos de las mafias”, al señalar un presunto entendimiento político que, a su criterio, condicionaría el avance de las investigaciones judiciales.
Las acusaciones fueron respaldadas por el diputado porteño Facundo Del Gaiso, también integrante de la Coalición Cívica, quien apuntó contra el accionar de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Según sostuvo, la IGJ habría destrabado en pocos días irregularidades acumuladas durante ocho años, por un monto estimado en 450 millones de dólares, sin adoptar medidas de control adicionales.
Del Gaiso afirmó que el organismo permitió el traslado de la sede de la AFA a la localidad bonaerense de Pilar sin designar veedores ni realizar auditorías. Además, cuestionó la falta de controles en el proceso y expresó que no se habrían cumplido los mecanismos habituales de fiscalización institucional, en el marco de un trámite que calificó como irregular.
El planteo opositor se inscribe en una investigación judicial iniciada en enero de 2026 por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la AFA. La causa incluye sospechas vinculadas a una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, atribuida a uno de los principales dirigentes de la entidad. En ese contexto, la IGJ había denunciado inconsistencias en los balances de la AFA y de la Superliga Argentina de Fútbol correspondientes al período 2017-2024, así como cuestionamientos al traslado de la sede desde la Ciudad de Buenos Aires.
El mismo 20 de enero, la Cámara Federal de San Martín resolvió trasladar la causa desde la Justicia federal porteña al juzgado de Campana. Esta decisión fue interpretada por Carrió y Del Gaiso como una maniobra destinada a diluir la investigación. Desde el Gobierno nacional negaron la existencia de cualquier pacto y sostuvieron que la IGJ actuó dentro de sus atribuciones legales, mientras que la AFA rechazó las acusaciones y negó irregularidades. La causa continúa abierta y sin definiciones de fondo.
