CHUBUT IMPULSA LA INCORPORACIÓN DEL DELITO DE ECOCIDIO Y PENAS MÁS DURAS POR INCENDIOS INTENCIONALES
El gobernador Ignacio Torres pidió reformar el Código Penal para que las condenas reflejen el daño ambiental y respaldó un proyecto ya presentado en el Senado.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó que el Congreso de la Nación incorpore la figura del ecocidio al Código Penal y avance en un endurecimiento de las penas para quienes provoquen incendios forestales de manera intencional. El planteo fue formulado este miércoles y se inscribe en el debate por la reforma del Código Penal que impulsa el gobierno nacional.
Según sostuvo el mandatario provincial, el marco legal vigente no contempla la magnitud del daño ambiental que generan los incendios deliberados y las sanciones actuales resultan insuficientes como herramienta disuasiva. En ese contexto, planteó que las condenas deben ser acordes al perjuicio causado y reflejar el tiempo que demanda la recuperación del bosque nativo afectado.
El reclamo se apoya en un proyecto de ley ya presentado en el Senado por la legisladora chubutense Edith Terenzi, que propone tipificar el ecocidio como una forma específica de criminalidad ambiental. La iniciativa define este delito como el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente, en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras.
En declaraciones a medios nacionales, Torres confirmó además la llegada de fondos para asistir a las familias afectadas por los incendios y destacó el trabajo coordinado con el Gobierno nacional. En ese sentido, afirmó que existe un acompañamiento institucional sostenido y remarcó que la respuesta oficial no distingue entre Nación y provincia.
El gobernador sostuvo que la discusión por la reforma del Código Penal representa una oportunidad concreta para avanzar con la incorporación del ecocidio. Señaló que se trata de una demanda planteada desde hace años y reiteró que los responsables de incendios intencionales deben enfrentar penas que reflejen el impacto ambiental de sus acciones.
Por otra parte, Torres rechazó versiones que atribuyen el origen de los incendios a comunidades mapuches u otros pueblos originarios. Aclaró que nunca responsabilizó a esos sectores y diferenció a las comunidades con las que conviven en armonía de grupos violentos que, según afirmó, utilizan falsas banderas para cometer delitos, tomar tierras de manera ilegal o rechazar actividades productivas como el turismo.
Finalmente, consideró que las hipótesis conspirativas difundidas en torno a los incendios generan confusión y temor en un contexto de alta sensibilidad social. En ese marco, insistió en la necesidad de centrar el debate en la responsabilidad penal y en la adecuación de las normas para sancionar de manera efectiva los daños ambientales de gran escala.
