DETENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE POLICÍAS EN CHACO POR EL ROBO DE COCAÍNA DURANTE UNA INCINERACIÓN
Siete efectivos fueron procesados con prisión preventiva tras ser descubiertos cuando intentaban sustituir droga por yeso durante una quema oficial. El hecho quedó registrado por cámaras de televisión.
Un grave escándalo institucional sacudió a la Policía del Chaco luego de que siete efectivos fueran detenidos y procesados por intentar robar nueve kilos de cocaína durante un procedimiento oficial de incineración de estupefacientes. El episodio ocurrió el 4 de enero y fue registrado por cámaras de televisión que captaron el momento en que los agentes intentaban reemplazar la droga por ladrillos de yeso.
La causa quedó a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger, quien dispuso el procesamiento con prisión preventiva por 100 días de los policías involucrados. Los imputados enfrentan cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravados por su condición de funcionarios públicos.
Entre los procesados figuran altos mandos y personal subalterno de la fuerza provincial. La nómina incluye al comisario Rubén Héctor César Alegre, el subcomisario Franco Andrés Ramírez y los oficiales y suboficiales Lucas Exequiel Martínez, Gustavo Jesús Acosta, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Andrés Quizama y Néstor Ariel Urne Cantero. Todos fueron identificados como participantes del intento de sustracción de la droga que debía ser destruida.
El hecho se produjo durante la primera quema oficial de drogas realizada por la policía chaqueña bajo la actual gestión provincial, lo que amplificó el impacto institucional del caso. La situación generó una fuerte crisis interna en la fuerza que depende del gobernador Leandro Zdero, al tratarse de un procedimiento destinado precisamente a exhibir controles y transparencia en la lucha contra el narcotráfico.
El episodio ocurrió poco después de que el ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, elogiara públicamente a Patricia Bullrich por su política contra el narcotráfico durante un encuentro reciente. En ese contexto, fuentes locales señalaron que el caso supera antecedentes habituales de corrupción policial registrados en la provincia.
De acuerdo con la imputación, los efectivos están acusados de infringir la Ley de Estupefacientes 23.737. La figura de tenencia con fines de comercialización prevé penas de entre cuatro y quince años de prisión, aunque la escala penal puede agravarse por tratarse de funcionarios públicos encargados de prevenir y combatir este tipo de delitos. La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia federal.
