EL GOBIERNO AVANZA CON UN DNU QUE AMPLÍA LAS FACULTADES DE LA SIDE Y REORGANIZA EL SISTEMA DE INTELIGENCIA
La reforma centraliza el control en la Secretaría de Inteligencia del Estado, amplía tareas encubiertas y habilita aprehensiones en casos de flagrancia u orden judicial. El decreto deberá ser revisado por el Congreso.
El Gobierno nacional prepara una profunda reforma del sistema de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgará mayor poder y centralidad a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La iniciativa, que podría publicarse en las próximas horas, busca concentrar la conducción de todo el sistema de inteligencia nacional bajo ese organismo, encabezado por Cristian Auguadra.
Según el borrador del decreto, todas las actividades de inteligencia tendrán carácter encubierto por su “sensibilidad estratégica”. El artículo 2 establece que dichas acciones se desarrollarán con el objetivo de “minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, definición que ya generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 19, que habilita a los organismos de inteligencia a brindar su propia seguridad y a repeler o hacer cesar agresiones que pongan en riesgo instalaciones, bienes, personal u operaciones, tanto en sedes fijas como durante desplazamientos. Además, se autoriza al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas en el marco de actividades de inteligencia, por requerimiento judicial o ante delitos en flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales.
El DNU también introduce una reorganización estructural del sistema. La Agencia de Seguridad pasará a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia; la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia; y la División de Asuntos Internos se transformará en la Inspectoría General de Inteligencia. A su vez, se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y esa función será asumida por el Estado Mayor Conjunto.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma “moderniza, ordena y legitima” el Sistema de Inteligencia Nacional, al separarlo de funciones policiales y judiciales, y adaptarlo a amenazas contemporáneas. En ese marco, se establece una diferenciación entre ciberseguridad —que quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete a través del Centro Nacional de Ciberseguridad— y ciberinteligencia, que permanecerá en la SIDE.
El decreto deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que cuenta con diez días hábiles para expedirse una vez recibido el texto. En ese contexto, el diputado Esteban Paulon anticipó su rechazo y afirmó que el Congreso tiene la obligación de rechazar la medida, al advertir que la inteligencia “debe proteger a la Nación de amenazas externas y no vigilar a los ciudadanos”.
