LA DEUDA DE VENEZUELA SE CONSOLIDÓ COMO UN FACTOR ESTRUCTURAL EN LA CRISIS DE SANCOR
La cooperativa aún reclama unos US$18 millones por exportaciones de leche en polvo impagas tras el default venezolano de 2017, un conflicto que agravó su deterioro financiero.
La crisis que atraviesa SanCor no responde a una única causa, pero uno de los factores estructurales que más incidió en su deterioro financiero es la deuda que mantiene Venezuela por exportaciones de leche en polvo realizadas hace más de una década. Según fuentes cercanas a la cooperativa, aún restan por cobrar alrededor de 18 millones de dólares correspondientes a operaciones con empresas estatales del país caribeño.
El origen del conflicto se remonta a los acuerdos comerciales bilaterales firmados en 2006, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, cuando se puso en marcha el Fondo Fiduciario Bilateral entre Argentina y Venezuela. Ese mecanismo permitió el intercambio de combustible por productos argentinos y convirtió a SanCor en un proveedor central de leche en polvo, con un flujo sostenido de exportaciones y divisas durante varios años.
Además de ese esquema oficial, la cooperativa concretó ventas adicionales a compañías controladas por el Estado venezolano, que funcionaron como una vía de salida para el excedente productivo en un contexto de estancamiento del mercado interno. El quiebre se produjo en 2017, cuando Venezuela entró en default y dejó de cumplir con los pagos comprometidos. En su punto máximo, la deuda superó los 30 millones de dólares.
Si bien con el paso del tiempo una parte de ese monto fue cancelada, el saldo pendiente se transformó en un problema crítico para una empresa que ya enfrentaba dificultades productivas, financieras y sindicales. Desde entonces, SanCor realizó gestiones ante distintos gobiernos argentinos en busca de una intervención diplomática que permitiera destrabar el cobro, sin obtener resultados concretos.
El escenario internacional terminó de cerrar cualquier expectativa de recuperación del crédito. El endurecimiento de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y el aislamiento financiero de Venezuela redujeron al mínimo las posibilidades de cobro, convirtiendo ese activo en un pasivo de muy difícil recuperación. Este conflicto se inscribe en un proceso más amplio de deterioro que derivó en la pérdida de escala productiva, conflictos sindicales y la presentación del concurso preventivo de acreedores en febrero de 2025, con un pasivo estimado en torno a los 250 millones de dólares.
