CRUCES POLÍTICOS EN SANTA FE POR LAS PROTESTAS DE LA POLICÍA PROVINCIAL
La diputada Romina Diez cuestionó con dureza al gobernador Maximiliano Pullaro por los reclamos salariales de la fuerza policial y lo acusó de administrar mal los recursos públicos. El Gobierno provincial informó sanciones y denuncias penales.
La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, cuestionó este martes al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el marco de las protestas protagonizadas por efectivos de la policía provincial, quienes reclamaron mejoras salariales y en las condiciones laborales. Las declaraciones de la legisladora se difundieron a través de sus redes sociales y generaron un nuevo cruce político en torno al conflicto.
Diez sostuvo que los bajos salarios de la fuerza no se explican por la falta de recursos económicos, sino por decisiones de gestión. En ese sentido, afirmó que el gobernador “gasta millones en estructuras políticas, secretarías inútiles y pauta oficial”, y señaló que esa asignación de fondos impide mejorar los ingresos de los agentes policiales. Para la diputada, la situación refleja “errores de prioridades” y una “pésima gestión” por parte del Ejecutivo provincial.
En sus declaraciones, la legisladora remarcó que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones dignas a quienes cumplen funciones esenciales. “Un Estado que no cuida a quienes garantizan seguridad, educación y salud, no cumple su función básica”, expresó, y agregó que espera que el gobernador revise sus prioridades y gobierne “pensando en los santafesinos”.
Hasta el momento, Pullaro no realizó declaraciones públicas en respuesta a los cuestionamientos. Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó una conferencia de prensa en la que informó las medidas adoptadas tras el conflicto. Según detalló, “20 agentes fueron pasados a disponibilidad” por su vinculación con las protestas.
El funcionario provincial confirmó además que se presentaron denuncias penales contra efectivos policiales por el delito de “abandono de servicio”. También señaló que las medidas de fuerza llevadas adelante fueron consideradas “antijurídicas”, en el marco de las normas que regulan el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales.
Las protestas policiales y las respuestas oficiales se desarrollan en un contexto de tensión entre el Gobierno santafesino y sectores de la oposición, con repercusiones políticas a nivel provincial y nacional. El conflicto continúa bajo seguimiento de las autoridades, mientras se evalúan las consecuencias administrativas y judiciales derivadas de los hechos.
