
DIPUTADOS SESIONA ESTE JUEVES PARA VOTAR EL RÉGIMEN PENAL JUVENIL Y EL ACUERDO MERCOSUR-UE
La Cámara baja debatirá desde las 11 la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la ratificación del tratado comercial con la Unión Europea.
La Cámara de Diputados sesionará este jueves desde las 11 para debatir dos proyectos centrales para el Gobierno nacional: la creación de un nuevo régimen penal juvenil y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Será el primer desafío legislativo del año para el oficialismo, que llega con dictámenes de mayoría en ambas iniciativas tras obtener respaldo de bloques aliados y dialoguistas.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años y establecer un sistema especial para menores en conflicto con la ley penal. La iniciativa elimina la prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de condena. También prevé sanciones alternativas para delitos con penas menores a tres años y medidas sociales y educativas para casos con penas de entre tres y diez años sin resultado de muerte o lesiones graves. Además, establece que los menores no podrán ser alojados junto a adultos e incorpora dispositivos de resocialización.
A pedido de bloques dialoguistas, el dictamen incluyó partidas presupuestarias específicas: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia. El despacho fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda anticiparon su rechazo.
El segundo eje será la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción. El tratado prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y la reducción de barreras para bienes industriales y tecnológicos europeos. No obstante, el Parlamento Europeo dispuso su revisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, proceso que podría extenderse durante meses o hasta dos años, con posibilidad de aplicación provisoria.