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EL SENADO DEFINE LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES EN UNA VOTACIÓN CON NÚMEROS AL LÍMITE

El oficialismo busca alcanzar los 37 votos para modificar el régimen de protección ambiental. Las divisiones en bloques aliados y el peso de provincias mineras condicionan el resultado.

EL SENADO DEFINE LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES EN UNA VOTACIÓN CON NÚMEROS AL LÍMITE

El oficialismo busca alcanzar los 37 votos para modificar el régimen de protección ambiental. Las divisiones en bloques aliados y el peso de provincias mineras condicionan el resultado.

El Senado debatirá en las próximas horas la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión atravesada por una marcada paridad. El oficialismo intenta reunir los 37 votos necesarios para garantizar quórum y media sanción, en una definición que se anticipa ajustada y que se vincula directamente con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En los bloques reconocen que la diferencia es mínima y que el resultado podría definirse por un voto.

El bloque libertario aporta 21 senadores y depende del respaldo de fuerzas aliadas. Según el conteo previo, cuatro de los diez integrantes de la UCR acompañarían el proyecto, junto a un senador del PRO, tres de Convicción, dos del Frente Renovador de la Concordia Social y representantes de La Neuquinidad, Primero los Salteños y el bloque Independencia. A ellos se suman Sergio Uñac, de San Juan, y Lucía Corpacci, de Catamarca. Con ese esquema, el oficialismo alcanzaría 36 votos.

La atención se concentra en la senadora sanjuanina Celeste Giménez, mientras sectores de La Cámpora anticiparon su rechazo a la iniciativa. En este escenario, algunos legisladores opositores consideran que si el oficialismo avanza hacia el recinto es porque confía en haber asegurado el número necesario.

El proyecto propone trasladar a las provincias la definición sobre la protección de glaciares y habilitar actividades mineras en zonas cercanas, siempre que las autoridades locales determinen que no se afectan reservas estratégicas de agua dulce. También elimina la prohibición expresa de minería en ambiente periglacial.

Organizaciones ambientales y sectores opositores advierten que la reforma vulnera los presupuestos mínimos de protección ambiental y podría afectar reservas de agua. El debate expone la tensión entre la promoción de inversiones mineras y los criterios de preservación ambiental vigentes.

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