EXTORSIÓN DESDE CÁRCELES BONAERENSES: CONFIRMAN QUE EL SOLDADO QUE SE SUICIDÓ EN OLIVOS FUE VÍCTIMA DE UNA BANDA DIGITAL
La Justicia Federal y el Ministerio de Seguridad revelaron que Rodrigo Gómez era extorsionado a través de una aplicación de citas por una organización que operaba con celulares desde penales. Hubo siete detenidos y traslados a cárceles federales.
El Gobierno nacional y la Justicia Federal confirmaron que el soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, que se suicidó en diciembre mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos, fue víctima de una banda dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses. La información fue presentada en una conferencia conjunta encabezada por autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial.
La investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal que conduce Sandra Arroyo Salgado, y permitió establecer que la organización actuaba mediante teléfonos celulares desde al menos dos unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, explicó que la banda funcionaba como una “pyme del delito”, con roles definidos y un esquema sistemático de captación de víctimas.
Según se detalló, la maniobra comenzaba con la creación de perfiles falsos en una aplicación de citas, desde donde se iniciaba el contacto con las víctimas. Luego se activaba un mecanismo de presión que incluía audios intimidatorios, la intervención de supuestos familiares alterados y llamados de personas que se hacían pasar por policías, con el objetivo de exigir transferencias de dinero para evitar falsas causas judiciales.
En el caso de Gómez, los extorsionadores llegaron a usurpar la identidad de un efectivo real de la Policía de la Ciudad para reforzar la credibilidad de la amenaza. Las transferencias se realizaban a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias y facilitaban la fragmentación y ocultamiento del dinero.
Las alarmas se activaron a partir de una carta que dejó el soldado antes de quitarse la vida el 16 de diciembre, durante una guardia nocturna en Olivos. Ese documento permitió reconstruir el nivel de presión psicológica y económica al que estaba sometido, con referencias a deudas, pagos realizados y amenazas constantes.
Como resultado de la investigación, fueron detenidas al menos siete personas. Tres de los principales responsables ya se encontraban presos en las Unidades 36 de Magdalena y 26 de Olmos, desde donde coordinaban las maniobras. Tras los allanamientos, fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal bajo un régimen de alto riesgo, y se secuestraron teléfonos celulares y se bloquearon cuentas bancarias.
Durante la presentación, el vocero presidencial Manuel Adorni advirtió que “un celular en una cárcel es un arma”, mientras que Arroyo Salgado remarcó que la conectividad irrestricta dentro de los penales permite la comisión de delitos complejos a escala nacional. Las autoridades coincidieron en que el caso expuso fallas estructurales en el control penitenciario y la necesidad de reforzar los mecanismos para impedir el delito intramuros.
