INCERTIDUMBRE Y RESERVA ENTRE GOBERNADORES ANTE LAS NEGOCIACIONES POR LA REFORMA LABORAL
El encuentro previsto en el Consejo Federal de Inversiones quedó envuelto en dudas por negociaciones bilaterales con la Casa Rosada. Las provincias advierten por el impacto fiscal mientras el oficialismo afirma contar con los votos en el Senado.
La reunión de gobernadores prevista para este miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) permanece rodeada de hermetismo en medio de las negociaciones por la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La falta de confirmaciones oficiales y el avance de tratativas bilaterales con la Casa Rosada generaron incertidumbre sobre la modalidad del encuentro e incluso sobre su eventual realización.
Con el correr de las horas, el encuentro comenzó a perder impulso y varios mandatarios evitaron confirmar su participación. “Está prevista una reunión, pero no sabemos si es por Zoom. Nunca estuvo confirmada, estamos viendo si la hacemos o no”, señaló el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, al retirarse de una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.
Los gobernadores de la oposición, en su mayoría vinculados al peronismo y fuerzas aliadas, buscan consensuar una postura común frente al debate de la reforma laboral, que el oficialismo pretende llevar al recinto del Senado el próximo 11 de febrero. Sin embargo, las diferencias internas y el avance de negociaciones individuales con el Gobierno nacional dificultan una estrategia unificada.
Más allá de los cambios en el régimen laboral, uno de los principales puntos de tensión es el impacto fiscal del proyecto. La iniciativa del Ejecutivo contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, del 35% al 31,5%, además de una disminución de las contribuciones patronales. Las provincias advierten que estas medidas podrían generar una pérdida de recursos superior a los 3 billones de pesos.
Desde el Ministerio de Economía, en cambio, Luis Caputo sostiene que el impacto fiscal se reflejaría recién en 2027 y sería del orden de los 1,5 billones de pesos. Ese año coincide con el calendario electoral, un factor que incrementa la preocupación de los gobernadores ante una eventual caída de ingresos en plena campaña.
En este contexto, ninguna provincia confirmó oficialmente la realización del encuentro. Ante consultas periodísticas, varias administraciones respondieron que la reunión “no está en agenda”, reforzando el clima de reserva que rodea las conversaciones.
En paralelo, la presidenta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la reforma. Tras reunirse con referentes de bloques dialoguistas, confirmó que se solicitó una sesión especial para el 11 de febrero y afirmó que existe consenso en el 95% del articulado. Mientras el oficialismo avanza con el cronograma parlamentario, los gobernadores continúan evaluando en reserva el alcance político y fiscal de la iniciativa.
