INVESTIGAN SI EXISTE UNA CAMPAÑA COORDINADA CONTRA LA VICEPRESIDENTA VILLARRUEL
El juez Sebastián Casanello ordenó analizar mensajes en redes sociales para determinar si hubo un ataque organizado contra la titular del Senado, quien denunció hostigamientos y amenazas.
El juez federal Sebastián Casanello investiga si existe un ataque coordinado contra la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, a partir de una serie de denuncias por hostigamiento y amenazas difundidas en redes sociales. En ese marco, el magistrado encomendó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina la revisión de los mensajes y de las cuentas señaladas.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por Villarruel el 4 de agosto pasado, en la que advirtió sobre publicaciones dirigidas contra su persona, la institución que preside y su entorno cercano. Según sostuvo, los mensajes podrían constituir amenazas contra el orden constitucional y responder a una estrategia para forzar su renuncia, en un contexto de fuerte interna dentro del oficialismo.
Entre los usuarios mencionados en la denuncia figuran el escritor Nicolás Márquez, biógrafo del presidente, y la diputada nacional Lilia Lemoine, además de otras cuentas identificadas en redes sociales. Villarruel afirmó que algunos de esos mensajes incluyeron amenazas de muerte y acusaciones públicas que consideró parte de un hostigamiento sistemático.
En una primera etapa, la investigación había sido delegada en el fiscal Franco Picardi, quien clasificó los mensajes en tres grupos: aquellos que podrían constituir amenazas, los que encuadrarían como calumnias o injurias —delitos de acción privada— y los que, si bien resultaban repudiables, no configuraban delito. Ese criterio fue luego respaldado por el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe.
No obstante, Casanello resolvió admitir a Villarruel como querellante y reasumió la investigación. En una resolución firmada antes del inicio de la feria judicial, el magistrado sostuvo que el análisis fragmentado de los hechos podría desdibujar su dimensión y gravedad, y consideró necesario un abordaje integral para evaluar si se trata de un caso de violencia contra las mujeres en la vida política.
Como parte de las medidas ordenadas, la División Ciberpatrullaje deberá indagar sobre las interacciones entre los usuarios denunciados, con el objetivo de establecer si existió coordinación en las publicaciones. La causa continúa en etapa investigativa y no se adoptaron, por el momento, resoluciones sobre responsabilidades penales.
