JUZGADO DE BOGOTÁ IMPUSO MULTA A GUSTAVO PETRO POR DESACATO EN CASO DEL FISCAL MARIO BURGOS
La sanción equivale a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir una orden de rectificación en un fallo de tutela.
El Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá D. C. sancionó al presidente Gustavo Petro con una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por desacato a un fallo de tutela. La decisión responde a una acción promovida por el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien alegó afectación a sus derechos al buen nombre y a la honra.
Según la providencia fechada el 27 de febrero de 2026, el despacho consideró acreditado el incumplimiento de la sentencia de tutela emitida el 28 de agosto de 2025 y confirmada el 30 de septiembre del mismo año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con ponencia de la magistrada Patricia Salamanca Gallo. El incidente de desacato fue solicitado el 5 de septiembre de 2025 por el accionante, a través de apoderado judicial.
La controversia se originó en declaraciones públicas del mandatario en redes sociales y en intervenciones en las que vinculó al fiscal con carteles de narcotráfico y con el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. En sus manifestaciones, sugirió que el funcionario habría eliminado del expediente a Sebastián Marset, señalado como presunto autor intelectual del homicidio.
En su decisión, el juzgado sostuvo que las rectificaciones realizadas por el presidente “desdibujan la orden judicial inicial” y que no se cumplió lo dispuesto en el auto del 6 de octubre de 2025. Por ello, ordenó que la multa sea consignada dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del fallo en las cuentas indicadas por el Consejo Superior de la Judicatura, aclarando que la sanción no releva al mandatario de cumplir la orden de rectificación.
El despacho negó la solicitud de arresto y la compulsa de copias ante la Comisión de Acusaciones, al considerar proporcional la multa impuesta. El expediente será remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para surtir el grado jurisdiccional de consulta.
