
LA CGT CARGÓ CONTRA GOBERNADORES POR RESPALDAR LA REFORMA LABORAL
Octavio Argüello acusó a mandatarios provinciales de facilitar los votos en el Congreso y sostuvo que “no se puede vender la dignidad del pueblo”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) acusó a varios gobernadores de haber sido determinantes en la aprobación legislativa de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Octavio Argüello, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera, calificó de “entreguistas” a los mandatarios que, según afirmó, facilitaron el respaldo en el Senado y en Diputados para el avance del proyecto, que ahora debe volver a la Cámara alta.
En una entrevista en radio Splendid, Argüello sostuvo que la CGT mantuvo reuniones previas con gobernadores, senadores y diputados para intentar frenar la iniciativa, pero que finalmente “tomaron una decisión de acompañar”. Señaló que el Gobierno “consiguió las manos a través de negociaciones” con las provincias y cuestionó que legisladores electos por el voto peronista hayan apoyado una norma que consideró “totalmente regresiva”.
El dirigente mencionó a los gobernadores Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres y Claudio Vidal como parte de los mandatarios que, según su planteo, facilitaron los votos necesarios en el Senado. “No se puede vender la dignidad del pueblo por una zanja cuneta y dos metros de asfalto”, afirmó. También indicó que solicitó reuniones que no se concretaron y que hubo compromisos iniciales que luego no prosperaron.
Argüello sostuvo que el movimiento obrero “no legisla ni gobierna” y que su función es defender los derechos laborales. Ante la consulta sobre si considera traidores a los gobernadores que acompañaron la ley, respondió: “Obviamente, claramente que sí”. Además, advirtió que “el pueblo tiene memoria” y que los mandatarios deberán explicar su postura.
La CGT calificó la reforma laboral como una norma que “quita derechos” y que retrocede en materia de protección a los trabajadores. Según Argüello, en los últimos dos años se registraron cientos de despidos diarios y el cierre de más de dos mil pymes. El dirigente anticipó que el conflicto social podría profundizarse si la iniciativa se convierte en ley.