LA JUSTICIA ANALIZA MÁS DE 3.000 PRUEBAS EN LA CAUSA CONTRA LA AFA Y DEFINE SU COMPETENCIA
La Cámara Criminal y Correccional debe resolver si la investigación por presunto fraude financiero y lavado de dinero continúa en el fuero ordinario o pasa a la órbita federal de Lomas de Zamora.
La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa una instancia decisiva. La Cámara Criminal y Correccional debe definir si la causa por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero permanece en la justicia penal ordinaria o es transferida al fuero federal de Lomas de Zamora. En el expediente se incorporaron más de 3.000 páginas de documentación bancaria provenientes de Estados Unidos.
El eje probatorio está conformado por registros financieros vinculados a la empresa TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. La documentación fue obtenida mediante pedidos formales de información en tribunales estadounidenses y constituye la base de la investigación sobre supuestas maniobras de fraude financiero y asociación ilícita que alcanzarían a la conducción de la AFA.
La definición de competencia se originó tras la denuncia presentada el 29 de diciembre por el empresario Guillermo Tofoni contra la cúpula de la AFA, encabezada por Claudio Chiqui Tapia, además de Faroni y Gillette. Tofoni recurrió al fuero penal y correccional luego de resultados adversos en la vía federal. Sin embargo, un día después, la fiscal Silvana Russi solicitó que el expediente fuera remitido a la justicia federal.
La fiscalía argumentó que la complejidad del caso exige una investigación unificada para evitar procesos paralelos. Esa postura fue respaldada por la jueza Paula Petazzi, quien el 2 de enero declinó su competencia. La decisión fue apelada por Tofoni y ahora debe ser resuelta por el camarista Ignacio Rodríguez Varela, de la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional.
Mientras se dirime esa cuestión, el juez federal Luis Armella avanzó en una causa conexa centrada en presuntas maniobras de lavado de dinero. La investigación apunta a cuatro sociedades radicadas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que, según la documentación bancaria, habrían recibido cerca de 42 millones de dólares sin registrar empleados ni actividad comercial declarada.
Durante la feria judicial de enero, Armella ordenó allanamientos en el domicilio de Faroni en Nordelta y en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte. Allí se secuestró el contrato entre la entidad y TourProdEnter, vigente desde diciembre de 2021, que establece para la empresa un 30% de los ingresos comerciales en el exterior y un 10% adicional sobre gastos de logística.
En paralelo, el juez Adrián González Charvay investiga en Campana la causa vinculada a la denominada “mansión de Pilar”, relacionada con presuntos testaferros. La definición que adopte la justicia sobre la competencia será clave para el futuro del expediente y el alcance de las investigaciones en curso.
