LA PROVINCIA DEFINIÓ UN APORTE POR KILO DE UVA PARA SOSTENER LA PRODUCCIÓN DE MOSTO
El Gobierno provincial otorgará $40 por kilo de uva destinada a mosto, con una inversión que podrá alcanzar los $400 millones, en el marco de medidas de apoyo al sector vitivinícola.
El Gobierno provincial anunció un aporte económico por kilo de uva destinada a la elaboración de mosto, como parte de una serie de acciones orientadas a amortiguar el impacto de la coyuntura nacional sobre la actividad vitivinícola. La medida fue definida este lunes en el marco de un encuentro de trabajo encabezado por el gobernador *Raúl Jalil*, junto a intendentes, funcionarios y representantes del sector.
La reunión contó con la participación de los intendentes de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y de Tinogasta, Ernesto Andrada, además de integrantes del Ministerio de Desarrollo Productivo y representantes de bodegas de la provincia. El objetivo central fue avanzar en medidas de acompañamiento específicas para los productores de uva para mosto, en un contexto de dificultades para la industria.
Según se informó oficialmente, la iniciativa se enmarca en un escenario nacional complejo para el sector vitivinícola, caracterizado por la caída del consumo, la retracción de las exportaciones y el aumento de los costos de producción. Estos factores afectan de manera directa la rentabilidad tanto de productores como de bodegueros, lo que motivó el despliegue de nuevas herramientas de asistencia.
A partir del trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los municipios y los actores de la actividad, se resolvió que la Provincia realizará un aporte de $40 por kilo de uva, destinado a cubrir costos de cosecha y acarreo. El objetivo es sostener el precio del producto y facilitar la colocación de la producción en el mercado.
El acompañamiento económico se instrumentará a través de AICAT y contará con una inversión provincial que podrá alcanzar hasta los $400 millones. El beneficio estará destinado a todos los productores de uva para mosto de la provincia, como parte de una política de apoyo al sostenimiento de la actividad vitivinícola en el actual contexto económico.
