UN DIPUTADO OFICIALISTA PLANTEA CAMBIOS EN LA LEY DE GLACIARES PARA HABILITAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Alejandro Bongiovanni sostuvo que el régimen vigente es una excepción internacional y limita la autonomía provincial. Propone armonizar protección ambiental y desarrollo minero.
El diputado nacional por La Libertad Avanza, Alejandro Bongiovanni, impulsó una reforma del marco regulatorio sobre glaciares al considerar que la legislación actual impide el desarrollo productivo y constituye una excepción a nivel mundial. En una entrevista concedida a Infobae, el legislador afirmó que la Ley de Glaciares establece una prohibición que no encuentra correlato en otros países y sostuvo que debe revisarse para compatibilizar protección ambiental y actividad económica.
Durante el diálogo en el programa Infobae a la Tarde, Bongiovanni señaló que naciones como Perú, Canadá, Suiza, Chile y miembros de la Unión Europea no cuentan con normativas que impidan de forma total las actividades en zonas periglaciares. Recordó además que la ley original, impulsada por Miguel Bonasso, fue vetada en su momento por Cristina Fernández de Kirchner. Según su postura, el Congreso debe fijar un “piso mínimo de protección” y no un esquema que, en la práctica, bloquee cualquier emprendimiento.
El legislador planteó que el eje del debate reside en la interpretación constitucional de los artículos 124 y 41, en relación con la tutela ambiental nacional y la propiedad provincial de los recursos naturales. Argumentó que los recursos pertenecen a las provincias y que la reforma permitiría habilitar proyectos mineros en zonas periglaciares siempre que no se verifique una afectación hídrica relevante. En caso contrario, indicó, continuaría vigente la ley general ambiental con sus presupuestos mínimos.
En la entrevista también cuestionó el rol de organizaciones como Greenpeace, a las que acusó de realizar “militancia económica”. Además, vinculó la discusión ambiental con el modelo económico del Gobierno y defendió reformas estructurales en materia laboral, tributaria y educativa. Sobre la popularidad oficial, sostuvo que las reformas requieren asumir costos políticos que, a su entender, se compensarán cuando los resultados sean visibles.
