UNICEF ARGENTINA FIJÓ POSICIÓN SOBRE EL RÉGIMEN DE JUSTICIA PENAL JUVENIL
La organización sostuvo que la futura ley debe priorizar medidas no privativas de libertad, respetar estándares internacionales y mantener la edad mínima de imputabilidad en 16 años.
UNICEF Argentina manifestó el 19 de febrero de 2026 su posición ante el debate por un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y señaló que la aprobación de una ley específica y moderna constituye una deuda pendiente. La organización consideró que la normativa debe basarse en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), con jerarquía constitucional desde 1994, y garantizar todos los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales ratificados por el país.
El organismo sostuvo que cualquier legislación debe asegurar que las medidas sean indispensables, proporcionales, idóneas y lo menos lesivas posible para niñas, niños y adolescentes. Indicó que el sistema debe ser especializado y diferenciado del de adultos, con equipos y procedimientos propios, y que como regla deben priorizarse alternativas al proceso judicial y sanciones no privativas de libertad.
UNICEF remarcó que la respuesta penal debe contemplar la edad, la menor culpabilidad y las circunstancias personales, en línea con la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing. También subrayó que la privación de libertad debe utilizarse únicamente como último recurso y por el período más breve posible, conforme al artículo 37 de la CDN.
En relación con la edad mínima de responsabilidad penal, recordó que el Comité recomendó fijarla como mínimo en 14 años y solicitó a la Argentina mantenerla en 16 años, evitando retrocesos. Finalmente, la organización señaló que la implementación de una ley penal juvenil requiere infraestructura, equipos interdisciplinarios y financiamiento adecuado para asegurar su aplicación progresiva en las provincias, con enfoque socioeducativo y de reinserción social.
