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EL GOBIERNO ENVIÓ AL CONGRESO SU PROYECTO DE REFORMA ELECTORAL

La iniciativa propone eliminar las PASO, implementar la Boleta Única de Papel y endurecer requisitos para partidos y candidatos.

EL GOBIERNO ENVIÓ AL CONGRESO SU PROYECTO DE REFORMA ELECTORAL

La iniciativa propone eliminar las PASO, implementar la Boleta Única de Papel y endurecer requisitos para partidos y candidatos.

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que plantea cambios en el sistema político, entre ellos la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP). La iniciativa fue definida por el presidente Javier Milei y busca modificar distintos aspectos del régimen electoral vigente.

El texto propone reformar la Ley Orgánica de Partidos Políticos, estableciendo requisitos más exigentes para la conformación de agrupaciones. Entre ellos, se exige presencia en al menos diez distritos y la incorporación de avales biométricos en reemplazo de la afiliación en papel. Además, se fija que las agrupaciones deberán contar con el apoyo del 0,5% del padrón electoral del distrito en un plazo de 180 días.

El proyecto también incluye el apartado de “Ficha Limpia”, que impide la postulación a cargos electivos de personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos. Asimismo, se establece que el debate presidencial dejará de ser obligatorio.

En materia de financiamiento, la propuesta eleva los topes de aportes privados, elimina los límites de gasto de campaña y suprime la publicidad gratuita en medios audiovisuales. También prohíbe donaciones de personas procesadas por delitos graves y prevé sanciones como la pérdida del aporte estatal para quienes incumplan la normativa.

La iniciativa contempla además la implementación de la Boleta Única de Papel para todas las categorías nacionales, con opción de voto por lista completa, e introduce cambios en la elección de parlamentarios del Mercosur, que pasarán a ser designados por la Cámara de Diputados. Según el Gobierno, el objetivo es modificar un sistema que considera costoso y poco transparente.

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