EL GOBIERNO IMPULSA UNA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD CON CAMBIOS EN BENEFICIOS Y REQUISITOS
El proyecto enviado al Congreso propone reempadronamiento obligatorio, nuevas condiciones de acceso y modificaciones en el sistema de prestaciones.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la normativa vigente en materia de discapacidad, con cambios en los criterios de acceso a pensiones y en el funcionamiento del sistema. La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó en el Senado en medio de cuestionamientos por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El texto propone la derogación de varios artículos de la ley actual y establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Según el proyecto, los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales, bajo riesgo de suspensión automática en caso de incumplimiento.
Además, se prevé un sistema de fiscalización con cruces de datos entre organismos públicos como ANSES, ARCA y SINTyS. La iniciativa contempla la posibilidad de suspender de manera preventiva las pensiones ante inconsistencias detectadas, garantizando instancias de defensa dentro del proceso administrativo.
En relación con los montos, el proyecto fija la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina la posibilidad de otorgar adicionales por invalidez laboral o ubicación geográfica. También establece la incompatibilidad absoluta entre el cobro del beneficio y el empleo formal registrado.
La propuesta introduce cambios en la organización del sistema de prestaciones, al habilitar convenios entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos. En ese marco, elimina el nomenclador de aranceles y desregula la negociación entre prestadores y financiadores, lo que modifica las condiciones actuales del esquema de cobertura.
