EL OFICIALISMO BUSCA DICTAMINAR LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES CON RESPALDO DE GOBERNADORES MINEROS
La Libertad Avanza intentará avanzar con el dictamen en comisión con apoyo de mandatarios provinciales. La oposición cuestiona el proceso y la falta de voces disidentes.
El Gobierno nacional buscará este 7 de abril dictaminar de manera favorable la modificación de la Ley de Glaciares en el Congreso, con el respaldo de gobernadores de provincias mineras. La estrategia del oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, incluye la participación de mandatarios y funcionarios en el plenario de comisiones para asegurar los votos necesarios.
Entre los expositores estarán los gobernadores Marcelo Orrego y Raúl Jalil, quienes participarán de forma virtual, mientras que el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, asistirá presencialmente. También fueron convocados ministros de distintas provincias, entre ellos Teresita Regalado (Catamarca), José Gómez (Jujuy), Jimena Latorre (Mendoza), Juan Pablo Perea (San Juan) y Gustavo Fernández (San Juan).
El oficialismo apunta a reunir las firmas necesarias en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales para obtener el despacho de mayoría. En ese marco, ya solicitó una sesión para el miércoles a las 15 con el objetivo de tratar exclusivamente esta iniciativa, que modifica los presupuestos mínimos y habilita una mayor actividad minera en zonas actualmente restringidas.
Desde el Gobierno también participarán funcionarios nacionales como el secretario de Minería, Luis Lucero, y representantes de áreas ambientales y productivas. La convocatoria de autoridades provinciales y nacionales refleja el interés en coordinar políticas vinculadas a recursos estratégicos y medio ambiente.
La oposición cuestionó el proceso y denunció la ausencia de voces disidentes en el plenario. El diputado Maximiliano Ferraro criticó la convocatoria y advirtió que se convirtió en una “representación sectorial minera”. En una carta abierta, señaló que los glaciares constituyen un recurso compartido y planteó que su protección no puede quedar sujeta a intereses provinciales, además de cuestionar la dinámica de la audiencia pública previa.
