LA JUSTICIA ORDENA AL GOBIERNO PAGAR $2,5 BILLONES PARA CUMPLIR CON LA LEY UNIVERSITARIA
La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la vigencia de la norma y exigió actualizar salarios docentes y becas por inflación. El Ejecutivo advierte impacto fiscal, pero el fallo lo considera limitado.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al gobierno de Javier Milei pagar unos $2,5 billones antes de este viernes para ajustar salarios docentes y becas, conforme a la norma sancionada por el Congreso en 2025. La medida responde a una cautelar en favor del Consejo Interuniversitario y obliga a actualizar los ingresos según la inflación desde diciembre de 2023.
El fallo fue firmado por los camaristas de la Sala III, Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes confirmaron la resolución de primera instancia. Según lo dispuesto, los salarios docentes registraron una caída cercana al 50% en términos reales, lo que fundamentó la decisión judicial de garantizar la aplicación de la ley vigente.
Desde el Gobierno sostuvieron que la implementación de la norma fue postergada por la falta de fuentes de financiamiento específicas, tal como exige la ley de Administración Financiera. En su apelación, advirtieron que cumplir con el pago comprometería el equilibrio fiscal y afectaría la meta de superávit. Sin embargo, los jueces consideraron que la voluntad del Congreso de mejorar el presupuesto universitario debe prevalecer por sobre esas objeciones.
En relación al impacto fiscal, la Cámara adoptó los argumentos de la primera instancia y citó el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó el costo de la ley en un 0,23% del PBI. Para los magistrados, se trata de un “ahorro poco significativo porcentualmente” dentro del total del gasto público nacional.
La decisión judicial se produce en un contexto de superávit fiscal sostenido. El Ministerio de Economía informó que en marzo el superávit primario fue de $930.284 millones y el financiero alcanzó los $484.789 millones. En el primer trimestre, el resultado primario acumuló $5,47 billones, mientras que el financiero llegó a $1,7 billones, pese a la caída de la recaudación. Según fuentes oficiales, el cumplimiento del fallo podría interrumpir esa tendencia, en un escenario donde el Gobierno también ajusta transferencias a otros sectores para sostener las metas fiscales.
