
LA JUSTICIA RECHAZÓ LA DENUNCIA DE VILLARRUEL CONTRA PETRI POR SUS DECLARACIONES
El tribunal consideró que los dichos del ministro se enmarcan en la crítica política y no constituyen delito. La causa fue desestimada por el Juzgado Federal Nº 2.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 resolvió desestimar la denuncia presentada por la vicepresidenta Victoria Villarruel contra el ministro de Defensa, Luis Petri, por presuntas calumnias e injurias. La decisión fue adoptada este 23 de abril y concluyó que las declaraciones cuestionadas no configuran un delito, sino que forman parte del debate político.
La denuncia se originó a partir de una entrevista televisiva brindada por Petri el 2 de marzo, en la que el funcionario realizó fuertes críticas hacia la vicepresidenta. En esa oportunidad, sostuvo que Villarruel actuaba en detrimento del Gobierno, que había sido “funcional a la oposición” y que buscaba posicionarse como alternativa presidencial. Además, afirmó que había “apostado al fracaso” de la actual gestión.
En su presentación judicial, Villarruel consideró que esas expresiones excedían el ámbito de la opinión política y constituían agravios, mentiras e información falsa. También sostuvo que los dichos afectaban no solo su persona, sino la institución que representa como titular del Senado.
Sin embargo, el tribunal rechazó esa interpretación. En el dictamen, el fiscal Ramiro González señaló que las manifestaciones del ministro deben ser entendidas dentro del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la crítica política, pilares fundamentales en un sistema democrático. En ese sentido, advirtió que avanzar con una acción penal implicaría un uso desmedido del poder punitivo del Estado.
La resolución también hizo hincapié en el principio de “última ratio” del derecho penal, que establece que las sanciones penales deben aplicarse únicamente en casos de mayor gravedad. Bajo ese criterio, el fallo concluyó que las expresiones cuestionadas no reúnen los elementos necesarios para ser consideradas un ilícito.
De este modo, la Justicia delimitó el alcance de la denuncia y reafirmó la protección de la crítica política, incluso cuando se manifiesta en términos confrontativos, en el marco del debate público.