PETRO SE DESMARCA DE ACUSACIONES POR EL CASO “PAPÁ PITUFO” Y PIDE ESCLARECER LOS HECHOS
El presidente negó ofrecimientos ilegales y señaló a funcionarios de inteligencia y la Fiscalía. Reclamó “verdad y reparación”.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este lunes 6 de abril de 2026 sobre el escándalo que vincula a su Gobierno con presuntos ofrecimientos ilegales a Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. A través de un extenso mensaje en redes sociales, el mandatario negó las acusaciones y afirmó que busca “verdad y reparación” frente a los hechos denunciados.
Según indicó, agentes de inteligencia y funcionarios de la Fiscalía habrían intentado beneficiarse económicamente de la red criminal del contrabandista, ofreciendo garantías y protección a cambio de dinero. Petro sostuvo que estas acciones se habrían realizado sin su autorización y apuntó a la existencia de prácticas irregulares dentro de organismos del Estado.
El jefe de Estado también aseguró que, al conocer la posible vinculación del empresario con su campaña, dispuso medidas para impedir el ingreso de recursos ilegales. En ese sentido, afirmó que logró bloquear esos aportes, aunque advirtió sobre la persistencia de intereses individuales dentro de las estructuras estatales.
Las declaraciones se producen tras la difusión de audios en los que el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, habría ofrecido beneficios procesales y protección a través del abogado de Marín. Según la investigación, estas gestiones se habrían realizado fuera de las competencias del organismo.
Petro cuestionó además el accionar de la Fiscalía en el proceso de extradición del acusado, quien permanece en libertad en Europa, y señaló que la demora responde a factores vinculados a corrupción interna. También denunció que la red criminal habría infiltrado durante décadas distintos organismos del Estado, incluyendo fuerzas de seguridad y entidades de investigación.
El mandatario afirmó que su objetivo es que Marín declare ante la justicia para esclarecer el alcance de estas maniobras y determinar responsabilidades. El caso generó un escenario de tensión institucional y abrió cuestionamientos sobre el funcionamiento de los organismos de inteligencia y judiciales en Colombia.
