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EL GOBIERNO BUSCA DEROGAR LA LEY DE ETIQUETADO FRONTAL Y CRECE EL DEBATE EN EL SENADO

El Ejecutivo envió un proyecto para eliminar por completo la norma de etiquetado de alimentos. Legisladores dialoguistas pidieron estudios y anticiparon que no tratarán el tema con urgencia.

EL GOBIERNO BUSCA DEROGAR LA LEY DE ETIQUETADO FRONTAL Y CRECE EL DEBATE EN EL SENADO

El Ejecutivo envió un proyecto para eliminar por completo la norma de etiquetado de alimentos. Legisladores dialoguistas pidieron estudios y anticiparon que no tratarán el tema con urgencia.


El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.

Desde sectores dialoguistas de la Cámara alta señalaron que no existe apuro para avanzar con el tratamiento y anticiparon que solicitarán informes técnicos antes de analizar la propuesta. Algunos legisladores advirtieron además que existen otras iniciativas consideradas prioritarias y remarcaron que la eliminación total de la norma genera dudas dentro de bloques aliados.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que el sistema actual de advertencias mediante octógonos dificulta diferenciar alimentos con perfiles nutricionales distintos y limita la capacidad informativa para los consumidores. También plantea que el esquema vigente reduce incentivos para que las empresas introduzcan mejoras graduales en la composición nutricional de sus productos.

El Ejecutivo cuestionó además las restricciones publicitarias y comerciales contempladas en la ley y aseguró que generan limitaciones sobre actividades económicas y estrategias de la industria alimentaria. Según el texto oficial, las exigencias regulatorias afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas por los costos vinculados al rediseño de envases, adaptación de procesos productivos y cumplimiento técnico.

La Casa Rosada afirmó que la derogación busca reducir sobrecostos e impulsar un entorno “más competitivo e innovador”, aunque sostuvo que se mantendrán los objetivos de salud pública y protección al consumidor. Mientras tanto, el debate comenzó a generar cautela dentro del Senado, donde distintos bloques anticipan una discusión extensa antes de definir el futuro de la normativa.

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