EMPRESAS DE MICROS DENUNCIAN UNA DEUDA DE $27.000 MILLONES TRAS LA QUITA DE SUBSIDIOS
Las compañías de larga distancia cuestionaron la eliminación de compensaciones por pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.
La eliminación de las compensaciones económicas para empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer abrió un nuevo conflicto entre el Gobierno nacional y el sector empresario. Las compañías denunciaron una deuda superior a los 27.000 millones de pesos y advirtieron sobre incumplimientos judicializados.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y establece el fin del sistema de reintegros estatales por los boletos gratuitos otorgados en el marco de distintas leyes de protección social. A partir de ahora, las empresas deberán absorber esos costos sin asistencia económica del Estado.
Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) señalaron que el último pago recibido corresponde a noviembre de 2024 y afirmaron que, desde entonces, continuaron entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año. Según indicaron, el conflicto ya lleva más de un año en la Justicia y se agravó por la falta de desembolsos oficiales.
El pasado 18 de mayo, un juzgado federal declaró el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por 8.753 millones de pesos correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Las empresas sostienen que el sistema actual las obliga a mantener beneficios sociales sin el esquema de compensaciones vigente hasta ahora.
Desde el Gobierno nacional argumentaron que la desregulación del transporte interjurisdiccional modificó las condiciones del sistema y permitió a las compañías definir precios, recorridos y horarios con mayor autonomía. En ese marco, el Ejecutivo consideró que las empresas pueden incorporar el costo de los pasajes gratuitos dentro de su estructura operativa, mientras la CNRT continuará controlando que el beneficio siga vigente para los usuarios alcanzados por la normativa.
