BULLRICH Y STURZENEGGER BUSCAN ACORDAR EL PROYECTO DE PROPIEDAD PRIVADA PARA DEBATIRLO EL 6 DE AGOSTO
La iniciativa fue revisada en una reunión realizada en el Senado. El proyecto propone eliminar restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros y mantiene el debate sobre las facultades de las provincias.
La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, encabezaron este jueves una reunión a puertas cerradas en la Cámara alta para avanzar en el texto definitivo de la Ley de Propiedad Privada. El objetivo fue destrabar el tratamiento de la iniciativa y llevarla al recinto en la sesión prevista para el 6 de agosto, luego de varias postergaciones y diferencias con bloques aliados.
Uno de los principales puntos de discusión es la modificación de la Ley de Tierras Rurales, que elimina las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Tras el encuentro, Bullrich afirmó que el proyecto incorpora aportes de gobernadores y senadores de distintas provincias y sostuvo que la soberanía nacional “está absolutamente resguardada”, al mantener la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras en el país.
La senadora también descartó que el texto final establezca límites para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros, al considerar que la Constitución les reconoce los mismos derechos y obligaciones que a los argentinos. La reunión contó además con la participación de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; y equipos técnicos de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez.
La Ley de Tierras Rurales vigente fija un límite del 15% para la propiedad extranjera sobre tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de restricciones por nacionalidad y superficie. El proyecto del Gobierno elimina esas limitaciones y solo mantiene la prohibición para que Estados extranjeros, empresas públicas u organismos dependientes adquieran tierras, salvo excepciones autorizadas por el Poder Ejecutivo.
Otro de los ejes del debate es el papel que tendrán las provincias en la autorización de estas operaciones. El dictamen aprobado en el Senado otorga a los gobernadores la facultad de autorizar, regular o rechazar la venta de tierras a extranjeros dentro de sus jurisdicciones, aunque continúan las discusiones sobre el alcance de esas atribuciones y el rol que conservará el Estado nacional en áreas consideradas estratégicas.
