EL GOBIERNO ENVIÓ AL CONGRESO EL PROYECTO PARA INCORPORAR LOS “DÓLARES DEL COLCHÓN” AL SISTEMA FORMAL
La iniciativa propone cambios en el régimen de “Inocencia Fiscal”, el Impuesto a las Ganancias y la prescripción tributaria para incentivar la formalización de ahorros no bancarizados.
El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso un proyecto de ley que busca promover la incorporación de los denominados “dólares del colchón” al sistema financiero formal mediante modificaciones al régimen de “Inocencia Fiscal”. La iniciativa apunta a brindar mayores garantías jurídicas a los contribuyentes para favorecer que los ahorros no bancarizados ingresen al circuito financiero y puedan destinarse al consumo, la inversión y el crédito.
Durante la presentación del proyecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el objetivo es que esos fondos puedan formalizarse en el sistema bancario “sin penalidad de ningún tipo” y sostuvo que el ahorro constituye la base de la inversión. La propuesta lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el propio Caputo.
El proyecto plantea modificaciones en dos ejes principales: el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y el esquema de prescripción tributaria. Entre los cambios, elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado, permitiendo la adhesión de todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país. También redefine el concepto de “discrepancia significativa”, estableciendo criterios objetivos para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pueda revisar las declaraciones juradas e incorpora un piso mínimo para evitar fiscalizaciones por diferencias de escasa magnitud.
La iniciativa también prevé que los contribuyentes adheridos puedan rectificar sus declaraciones juradas y regularizar diferencias dentro de los 15 días posteriores a una notificación sin perder los beneficios del régimen. Además, crea un mecanismo de reintegro acelerado que obliga a ARCA a devolver, con intereses, los montos abonados cuando una impugnación sea revocada, en un plazo máximo de 45 días hábiles. En materia de prevención del lavado de activos, establece que las operaciones deberán canalizarse a través de los medios autorizados por el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. Según el Gobierno, el proyecto busca fortalecer la seguridad jurídica, facilitar la formalización de capitales y consolidar un sistema tributario con mayores garantías para los contribuyentes.
