INVESTIGAN EN ESTADOS UNIDOS OPERACIONES FINANCIERAS VINCULADAS A LA AFA
Fiscales federales y agentes del FBI analizan contratos comerciales internacionales y movimientos de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino. La pesquisa busca determinar si existieron delitos bajo jurisdicción estadounidense.
Mientras se disputa el Mundial de fútbol, fiscales federales y agentes del FBI iniciaron en Estados Unidos una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La pesquisa se centra en el manejo de fondos y contratos comerciales internacionales de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, ante sospechas de presunto lavado de activos y fraude bancario.
La investigación está a cargo de los fiscales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes analizan el papel de la empresa TourProdEnter LLC en el movimiento de fondos vinculados con acuerdos comerciales de la AFA. Según la información difundida, el objetivo es establecer si se cometieron delitos bajo jurisdicción estadounidense. Los investigadores también evalúan convocar a exfuncionarios del Gobierno nacional que, por sus funciones, hubieran tenido acceso a información relacionada con la entidad.
En paralelo, fiscales y agentes federales acordaron citar a declarar al empresario Guillermo Tofoni, quien denunció el esquema financiero utilizado para administrar contratos comerciales actualmente bajo investigación. La principal hipótesis sostiene que TourProdEnter LLC habría actuado como agente de cobro de los acuerdos suscriptos entre la AFA y patrocinadores internacionales, concentrando el ingreso y la distribución de esos recursos dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
De acuerdo con la documentación reunida en la causa, la empresa, propiedad de Javier Faroni, habría movilizado al menos 260 millones de dólares mediante cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses y transferido otros 57 millones de dólares a distintas sociedades. La investigación tiene como antecedente una alerta enviada en septiembre de 2024 por el entonces Ministerio de Seguridad de la Nación a las autoridades de Estados Unidos. Aunque en ese momento el FBI no abrió una investigación criminal, la causa avanzó entre fines del año pasado y comienzos de este año con nuevas medidas de prueba.
