LA CORTE DE JUSTICIA CESANTEÓ AL CONTADOR ACUSADO DE OTORGARSE SOBRESUELDOS
Gonzalo Guiñazú fue separado del Poder Judicial mientras enfrenta una causa penal por presunto fraude a la administración pública. La investigación sostiene que percibió más de $15,4 millones mediante liquidaciones irregulares.
La Sala de Sumarios de la Corte de Justicia resolvió la cesantía del contador público Gonzalo Guiñazú, quien está imputado por presunto fraude a la administración pública. La medida fue adoptada luego de un sumario administrativo que analizó las maniobras por las que habría incorporado a su propia liquidación salarial conceptos que no le correspondían, obteniendo un beneficio económico de $15.400.000 durante casi un año.
La cesantía fue definida el 9 de mayo del año pasado, cuando Guiñazú ya se encontraba imputado en la causa penal iniciada en febrero de ese mismo año. El contador impugnó el procedimiento y argumentó, entre otros puntos, que había presentado su renuncia indeclinable al Poder Judicial en marzo de 2025. Sin embargo, la Corte entendió que la relación laboral seguía vigente porque esa renuncia no había sido aceptada. Guiñazú trabajaba en el Poder Judicial desde 2017, había sido designado en la Secretaría Contable en 2022 y desde noviembre de 2024 estaba a cargo del Departamento de Liquidación de Haberes.
Según la investigación, desde esa función incorporó a su propio recibo de sueldo conceptos como “haberes adeudados” y “adicional por 30 años de servicio”. La maniobra fue detectada por el secretario Contable, Pablo Andrés Rachid Florit, quien presentó la denuncia. Posteriormente, una pericia contable ordenada por el fiscal Facundo Barros Jorrat determinó que el perjuicio económico para la administración pública ascendió a $15.400.000. Durante su descargo, Guiñazú reconoció haber incluido esos conceptos y sostuvo que consideraba que la Corte mantenía una deuda con él por desempeñar funciones de mayor responsabilidad.
En la resolución, los ministros Miguel Figueroa Vicario, Verónica Saldaño y José Cáceres señalaron que el exagente vulneró los deberes propios de la función pública y afectó la confianza depositada en el Poder Judicial. En paralelo, la causa penal fue elevada a juicio por el fiscal Barros Jorrat. Aunque los planteos de oposición presentados por la defensa fueron rechazados por el juez de Garantías N° 1, Santiago Ahumada Franzzini, el acusado apeló esa decisión y el expediente permanece pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.
