EL OFICIALISMO DE CATAMARCA PROPONE UN PLAN PARA ALIVIAR LAS DEUDAS DE EMPLEADOS PÚBLICOS
El Frente de Todos presentó en la Cámara de Diputados provincial dos proyectos para limitar los descuentos sobre los salarios estatales y crear, a través de Capresca, un sistema de unificación y refinanciación de deudas.
El oficialismo provincial presentó en la Cámara de Diputados de Catamarca dos iniciativas destinadas a intervenir sobre el endeudamiento y la morosidad de los empleados públicos. Una propone declarar por dos años la emergencia en el sistema de retenciones y deducciones salariales, mientras que la otra plantea crear un programa para unificar pasivos a través de Capresca.
El primer proyecto, impulsado por el legislador Exequiel Moreno, alcanza a trabajadores de los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, entes autárquicos y municipios. La propuesta establece un límite máximo para la afectación del haber neto y dispone la caducidad inmediata y suspensión temporal de los códigos de descuento otorgados a financieras privadas, mutuales y cooperativas.
Las entidades alcanzadas deberían someterse a una auditoría y reempadronamiento ante el Ministerio de Economía para acreditar la transparencia de sus tasas de interés y del Costo Financiero Total. La iniciativa también prohíbe aplicar a los trabajadores comisiones administrativas, gastos de mantenimiento o costos adicionales de gestión sobre sus haberes.
El segundo proyecto, presentado por Eduardo Andrada y Juan Carlos Ledesma, propone crear el Programa Provincial de Unificación de Pasivos. El esquema contempla que Capresca absorba las deudas que los empleados públicos mantienen con bancos, financieras, billeteras virtuales o mutuales registradas mediante un crédito único de cancelación directa, con tasas subsidiadas, plazos extendidos y cuotas fijas. La incorporación al programa congelaría los intereses moratorios y suspendería reclamos administrativos, intimaciones extrajudiciales o embargos judiciales promovidos por acreedores privados.
Según datos del Centro de Estudios de la Ciudad citados en los proyectos, hasta mitad de año unas 66.650 personas registraban incumplimientos financieros y acumulaban más de $179 mil millones en deudas con atrasos de tres meses o más.
