Incidentes y tensión frente al Congreso durante la protesta contra la Ley de Propiedad Privada
Manifestantes se movilizaron para rechazar el proyecto que debate el Senado y se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La Policía utilizó camiones hidrantes, gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a los presentes.
La protesta convocada frente al Congreso de la Nación en rechazo a la Ley de Propiedad Privada derivó este jueves en incidentes entre manifestantes y efectivos de las fuerzas federales, mientras el Senado avanzaba con el tratamiento del proyecto.
La movilización reunió a miles de personas, entre ellas integrantes de gremios de la CGT, las dos CTA, la UTEP, organizaciones políticas y ciudadanos autoconvocados, quienes se concentraron en las inmediaciones del Palacio Legislativo bajo consignas como "La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja".
Los enfrentamientos comenzaron alrededor de las 17, cuando un grupo de manifestantes avanzó sobre el vallado instalado frente al Congreso. En ese momento, la Policía respondió con camiones hidrantes, gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma para dispersar a los presentes.
El operativo de seguridad se desarrolló en el marco del protocolo antipiquetes, con un amplio despliegue que restringió la circulación en el perímetro comprendido por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación en Hipólito Yrigoyen, Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
La manifestación fue convocada inicialmente en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, aunque ese capítulo fue retirado del proyecto por el oficialismo antes del inicio del debate parlamentario. Sin embargo, las organizaciones mantuvieron la convocatoria debido a otros puntos incluidos en la iniciativa.
Entre los principales aspectos del proyecto que continúa en discusión se encuentran modificaciones al régimen de desalojos, cambios en el sistema de expropiaciones y reformas a la Ley de Manejo del Fuego.
En materia de desalojos, la iniciativa establece que, ante la falta de pago del alquiler, el propietario deberá intimar al inquilino otorgándole un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda antes de iniciar la demanda judicial. En los casos en que habiten menores de edad o personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), se prevé una prórroga adicional de diez días.
Respecto de las expropiaciones, el proyecto propone limitar la indemnización al valor objetivo del bien y a los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la medida, estableciendo además criterios específicos para el reconocimiento del lucro cesante.
Por otra parte, la iniciativa impulsa modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones vigentes para la venta o el cambio de uso de terrenos afectados por incendios, una de las disposiciones que generó mayor rechazo entre las organizaciones que participaron de la protesta.
