Prisión preventiva para dos acusados por el ataque contra Nadia Beller en Bolivia
La Justicia de Santa Cruz de la Sierra ordenó que dos personas permanezcan detenidas durante 120 días, acusadas de complicidad en grado de tentativa. La investigación también apunta a Fernando Cerimedo, señalado como presunto autor intelectual del atentado contra la abogada.
La Justicia de Bolivia dictó este lunes la prisión preventiva por 120 días para Roger Aguilera Céspedes, de 41 años, y Paola Andrea Vargas, de 39, las dos personas detenidas por su presunta vinculación con el intento de asesinato de Nadia Beller.
La decisión fue adoptada por el juez Franz Gutiérrez Cabrera durante una audiencia de medidas cautelares realizada en Santa Cruz de la Sierra. Ambos fueron imputados como cómplices de la tentativa de homicidio y permanecerán detenidos en el mismo penal, aunque en distintos pabellones.
A Aguilera Céspedes se lo vincula con la provisión del arma utilizada durante el ataque, mientras que Vargas sería pareja de uno de los presuntos sicarios, un ciudadano colombiano identificado como Aldubar Silva Peña, alias "Juancho", quien permanece prófugo.
El fiscal Herland Rodríguez había solicitado la detención preventiva de ambos para permitir el avance de la investigación. Según explicó, la situación de Aguilera Céspedes resulta más comprometida debido a que durante su arresto se le encontraron armas de fuego.
Cómo fueron localizados los sospechosos
Durante la audiencia, el juez explicó que la investigación permitió llegar hasta los detenidos luego de una serie de hechos vinculados con los presuntos atacantes.
Los sospechosos se movilizaban en una motocicleta Puma de color rojo que sufrió un desperfecto. Ante esa situación, habrían robado otro vehículo a un repartidor que circulaba por la zona. Posteriormente, también abandonaron ese rodado debido a que quedó inmovilizado por un sistema de alarma.
A partir de esa pista, los investigadores lograron identificarlos en Cotoca, una localidad cercana que había sido señalada por Nadia Beller como un posible destino de Fernando Cerimedo para completar el pago a los presuntos sicarios.
El juez sostuvo que los dos detenidos tenían vinculación con el presunto autor material del ataque, Aldubar Silva Peña, alias "Juancho". Hasta el momento, no se conoce la identidad del otro supuesto cómplice que habría participado directamente del atentado.
Las pruebas incorporadas al expediente
La fiscalía, a cargo de la doctora Yolanda Aguilera, deberá convocar a nuevos testigos y avanzar con el análisis forense del teléfono celular de Aguilera Céspedes.
De acuerdo con el expediente judicial, en el domicilio del detenido se encontraron 20 mil bolivianos, que habrían correspondido al pago por la entrega del revólver calibre 22 utilizado para disparar contra la abogada.
Además, Aguilera Céspedes enfrenta una acusación agravada por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, elementos que fueron exhibidos durante la audiencia.
En la vivienda de Paola Vargas, en tanto, se secuestraron unas zapatillas blancas que serían de su pareja, señalado como uno de los implicados en el ataque.
El juez fundamentó la prisión preventiva en el riesgo de que ambos imputados pudieran intentar abandonar el país. Vargas fue detenida mientras se dirigía hacia un hotel de la ciudad y llevaba una mochila con distintas prendas de ropa.
Cerimedo continúa detenido
Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, además de expareja de Nadia Beller, permanece detenido acusado de ser el autor intelectual del atentado.
La Justicia boliviana confirmó el viernes pasado que continuará detenido durante 180 días para evitar que pueda entorpecer la investigación. Esa misma noche fue trasladado al pabellón 6 de la cárcel de Palmasola, ubicada a unos 15 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.
Los dos detenidos por complicidad compartirán el mismo complejo penitenciario, aunque no el mismo sector.
Por su parte, Nadia Beller sostiene que fue víctima de un crimen de Estado y apunta directamente contra Cerimedo, a quien acusa de haber contado con protección y logística de sectores del gobierno del presidente Rodrigo Paz.
