PROPONEN PROHIBIR PROGRESIVAMENTE EL TESTEO DE COSMÉTICOS EN ANIMALES EN ARGENTINA
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Gabriela Muñoz y plantea reemplazar los ensayos con animales por técnicas científicas alternativas, como métodos in vitro, bioingeniería y modelos computacionales.
La diputada nacional Gabriela Luciana Mabel Muñoz (LLA) presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para avanzar en la sustitución progresiva de los ensayos en animales utilizados para productos cosméticos en Argentina. La iniciativa cuenta con la firma de otros catorce legisladores y propone incorporar métodos alternativos con validación científica.
El proyecto, denominado “Ley Nacional de Sustitución Progresiva del Testeo en Animales para Productos Cosméticos: Hacia una Industria Cosmética Libre de Crueldad Animal”, plantea prohibir los ensayos en animales para productos cosméticos terminados, sus ingredientes o combinaciones de ingredientes cuando existan métodos alternativos científicamente validados y reconocidos por la autoridad de aplicación competente.
La propuesta establece que la prohibición estará vinculada con la disponibilidad efectiva de alternativas científicas. Entre los procedimientos contemplados se encuentran las técnicas in vitro, los cultivos celulares, la bioingeniería de tejidos, los modelos computacionales y los sistemas predictivos de toxicología computacional avanzada.
Según los fundamentos de la iniciativa, durante décadas la industria cosmética utilizó animales vivos para evaluar la seguridad y toxicidad de sus productos, mientras que los avances científicos permitieron desarrollar procedimientos alternativos. El proyecto busca incorporar estas herramientas para reemplazar, reducir o refinar el uso de animales en los ensayos.
El texto también establece el alcance de la regulación. La iniciativa no restringe la fabricación, importación ni comercialización de productos cosméticos en el territorio nacional, sino que se concentra en las prácticas de experimentación realizadas dentro del país. Según los fundamentos del proyecto, esta delimitación busca evitar obstáculos para la actividad privada y respetar principios de libertad económica y seguridad jurídica.
