Argentina anunció sanciones por vuelos desde Malvinas y exigió frenar el proyecto Sea Lion
El Gobierno denunció operaciones aéreas sin autorización entre las Islas Malvinas y Punta Arenas y anunció acciones contra una empresa británica.
El Gobierno argentino anunció el inicio de procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED, luego de detectar vuelos entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas realizados con una aeronave de matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas.
Según informó la Oficina del Presidente, Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos para avanzar también con las gestiones diplomáticas vinculadas al caso.
Los vuelos estuvieron relacionados con una delegación de empresarios ingleses provenientes de las islas que participó de una ronda de negocios con proveedores chilenos. El objetivo era avanzar en la creación de una ruta comercial entre el archipiélago y el sur de Chile.
Intimación por el proyecto Sea Lion
En paralelo, el Gobierno argentino intimó al Reino Unido a detener en un plazo de dos semanas las operaciones vinculadas con el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El Ejecutivo anunció además el comienzo del procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en esa zona y cualquier otra medida que pueda agravar la disputa.
El documento presidencial establece que, si el Reino Unido no cumple con el requerimiento dentro del plazo fijado, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental.
Milei también se refirió a la decisión y afirmó que la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido no detiene la explotación del proyecto dentro de las dos semanas establecidas.
El reclamo argentino por los recursos naturales
El Gobierno sostuvo que la posición argentina se encuentra respaldada por las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, mientras que la segunda insta a las partes a evitar decisiones que modifiquen unilateralmente la situación mientras continúe el proceso de negociación.
Argentina también invocó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en 1982 y vigente desde 1994. El Gobierno sostiene que, bajo ese marco jurídico, los yacimientos correspondientes al proyecto Sea Lion, situados a 220 kilómetros al norte del archipiélago, se encuentran dentro de su jurisdicción soberana.
Aumenta la tensión entre Argentina y Reino Unido
Las nuevas medidas se producen en un contexto de creciente tensión diplomática entre ambos países.
El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó días atrás que el Reino Unido está preparado para defender militarmente las Islas Malvinas ante una eventual acción argentina. Al mismo tiempo, señaló que no prevé un conflicto y sostuvo que las Fuerzas Armadas británicas cuentan con capacidad para defender el archipiélago.
Londres también confirmó que los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las islas serán reemplazados por aeronaves Tranche 2 a fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa británico indicó que la modificación estaba prevista con anterioridad al actual escenario de tensión.
Por otra parte, el proyecto hidrocarburífero impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum podría generar USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según cálculos de las autoridades británicas.
En Argentina, una jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ya había dispuesto una medida cautelar para que las empresas petroleras involucradas se abstengan de iniciar o continuar las obras necesarias para poner en marcha el proyecto.
Mientras tanto, la Cancillería argentina mantiene gestiones ante Estados Unidos para que ese país evalúe una eventual mediación, una alternativa que requeriría la aceptación del Reino Unido.
