
Diputados de La Libertad Avanza pidieron informes por las demoras en las cloacas de Valle Viejo
Federico Lencina y Valentina Reynoso solicitaron al Ejecutivo provincial precisiones sobre una obra que registra un avance del 46,7% y acumula más de una década de demoras.
Los diputados provinciales Federico Lencina y Valentina Reynoso, de La Libertad Avanza, presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados para conocer el estado de la obra de desagües cloacales de Valle Viejo.
El planteo está dirigido al Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, que deberá brindar, en un plazo de quince días, información sobre el avance físico y financiero del proyecto.
Según el pedido, la obra registraba a julio de 2026 un avance del 46,7%.
Los legisladores señalaron que el proyecto acumula más de diez años de demoras y estuvo atravesado por conflictos judiciales, denuncias por estrago, cuestionamientos vinculados con presuntos vicios constructivos y reclamos millonarios por tasas y resarcimientos.
Además, indicaron que los vecinos del departamento y zonas aledañas todavía no cuentan con la habilitación definitiva de la red de colectores y plantearon interrogantes sobre el estado de la planta de tratamiento de efluentes.
El recorrido de la obra
En los fundamentos del proyecto, Lencina y Reynoso recordaron que la Etapa I fue adjudicada originalmente a la Unión Transitoria de Empresas integrada por Coarco S.A. e Industrial Constructora S.A.
Los diputados mencionaron que esas firmas tienen antecedentes en la Justicia federal por presuntos esquemas de cartelización en la obra pública.
Las demoras y el deterioro de la trama vial, incluidos hundimientos en la calzada, derivaron posteriormente en una reestructuración del proyecto mediante endeudamiento con organismos internacionales de crédito y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Luego se realizó una nueva licitación, que fue adjudicada a la UTE Supercemento S.A.I.C.
Qué información reclaman
El pedido de informes solicita un detalle de los montos certificados y desembolsados correspondientes a cada etapa de la obra, además de la nómina completa de empresas contratistas, uniones transitorias e inspecciones externas adjudicatarias.
Entre las firmas mencionadas se encuentra la consultora Hytsa Estudios y Proyectos. También se pide precisar si las empresas están inscriptas en el Registro de Empresas de la Provincia.
Los legisladores solicitaron además confirmar si los ingenieros responsables de los planos, las certificaciones de obra y las inspecciones de campo contaban con matrícula habilitante del Colegio de Ingenieros de Catamarca al momento de realizar sus actuaciones.
Otro de los puntos planteados está relacionado con las razones técnicas del bajo porcentaje de avance registrado hasta julio.
Lencina y Reynoso también pidieron conocer si fueron ejecutadas las pólizas de seguro de caución o las garantías de cumplimiento de contrato correspondientes a las empresas de las etapas I y II por los vicios constructivos y daños detectados.
La planta de tratamiento y los colectores
El informe incluye consultas sobre el estado técnico y operativo de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Antapoca.
En particular, se solicita determinar si la planta está finalizada, en período de pruebas o paralizada. También se requieren los resultados de las pruebas de hermeticidad realizadas sobre los colectores principales y las redes domiciliarias.
El pedido contempla además los protocolos de supervisión y fiscalización exigidos a las contratistas para las tareas de repavimentación, nivelación y compactación de las calles intervenidas.
A esto se suman las actas de constatación de daños o intimaciones realizadas por deficiencias técnicas.
Reclamos y posibles costos para la Provincia
Los diputados pidieron finalmente la nómina de litigios, reclamos administrativos, mediaciones y demandas judiciales que se encuentren en curso entre la Provincia, los municipios involucrados y las empresas contratistas.
Entre las firmas mencionadas figuran Coarco, Industrial Constructora, Electroingeniería, Supercemento y Eleprint.
También solicitaron información sobre las contingencias y eventuales desembolsos que podrían recaer sobre el erario provincial.
En los fundamentos, Lencina y Reynoso sostuvieron que controlar el destino de los fondos públicos y la administración de los recursos estatales “es una garantía fundamental del sistema republicano”.
Los legisladores señalaron que la fiscalización tiene como objetivo resguardar la seguridad, la salud y la calidad de vida de los vecinos de Valle Viejo y zonas cercanas, ante una obra que, después de más de una década de asignaciones presupuestarias acumuladas, todavía no garantiza el servicio en la zona.