El Gobierno llevará a la Justicia a cinco empresas por proyectos petroleros en Malvinas
La administración de Javier Milei denunciará penalmente a firmas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona, por presuntas operaciones sin autorización argentina.
El Gobierno de Javier Milei anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas relacionadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, al considerar que podrían haber incumplido la legislación argentina.
La presentación se realizará ante la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Las compañías alcanzadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
La denuncia apunta al proyecto Sea Lion
De acuerdo con el Gobierno, tres de las empresas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían obtenido permisos del Reino Unido para realizar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área del proyecto Sea Lion.
Para la administración nacional, esas autorizaciones podrían constituir una infracción a la normativa argentina que regula las actividades sobre los recursos naturales ubicados en torno a las Islas Malvinas.
La Ley 26.659 establece sanciones para quienes desarrollen tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
La presentación judicial no se limitará a las empresas. También alcanzará a directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o personas autorizadas que pudieran haber participado de las operaciones investigadas.
Más medidas contra las empresas
La decisión judicial se suma a los procedimientos sancionatorios anunciados por la Cancillería el viernes pasado contra 45 personas y empresas vinculadas con presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
El Gobierno había señalado que esas actuaciones también podrían alcanzar a accionistas y compañías que hubieran brindado servicios a las firmas involucradas.
La administración nacional sostiene que las actividades desarrolladas en el área afectan los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Según la posición expresada por el Gobierno, las medidas buscan proteger los recursos naturales y reforzar el reclamo argentino de soberanía.
El Presupuesto 2027 incluirá proyectos de seguridad
El anuncio de la denuncia penal estuvo acompañado por una instrucción del presidente Javier Milei al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos relacionados con la seguridad nacional.
La iniciativa presupuestaria deberá ser enviada al Congreso el próximo 15 de septiembre.
El Gobierno indicó que estas medidas tienen como objetivo fortalecer la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos de la Argentina.
El proyecto petrolero que cuestiona el Gobierno
El anuncio se produjo después de la cadena nacional en la que Milei ratificó el reclamo argentino por las Islas Malvinas y cuestionó el avance del proyecto Sea Lion.
El emprendimiento está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y es conducido por Navitas Petroleum, que posee el 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35%.
El yacimiento fue descubierto en 2010 y se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas, a una profundidad de 450 metros en el lecho marino.
A fines de 2025, las dos compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa del proyecto, luego de completar sus evaluaciones técnicas, económicas y financieras.
En diciembre de 2025, la Cancillería había rechazado esa decisión y había considerado a ambas compañías como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos argentinos.
Además, sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
