La Corte Suprema de EE.UU. habilitó nuevamente las deportaciones de migrantes a terceros países
El máximo tribunal suspendió una orden judicial que exigía mayores garantías para los migrantes antes de ser enviados a países con los que no tienen vínculos.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno de Donald Trump retomar las deportaciones de migrantes hacia terceros países, en el marco de las audiencias previstas sobre esta controvertida política.
El máximo tribunal suspendió una orden emitida en febrero por un juez federal de distrito, que establecía que las autoridades migratorias debían garantizar mayores instancias de debido proceso antes de enviar a los deportados a países que no fueran los suyos.
Los tribunales inferiores habían determinado que los migrantes debían ser informados y contar con la posibilidad de impugnar su deportación antes de ser trasladados a esos destinos.
La Administración Trump, en cambio, sostuvo que esas resoluciones dificultaban la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para concretar las expulsiones, incluso en casos que involucran a personas con antecedentes penales.
La política de deportaciones a terceros países
La decisión de la Corte Suprema permite que el Gobierno continúe aplicando una política implementada en marzo de 2025, que contempla el envío de deportados a terceros países sin informarles previamente el destino.
Para concretar esas expulsiones, los países receptores deben ofrecer garantías de que los migrantes no serán perseguidos ni sometidos a torturas.
De acuerdo con un recuento de organizaciones de derechos humanos citado en la información, más de 25.000 migrantes fueron deportados a 29 países. La mayoría de esos traslados tuvo como destino México.
Entre los países utilizados para estas deportaciones también figuran Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana.
La estrategia se inscribe en la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, cuando las deportaciones masivas se convirtieron en una de las principales prioridades de su administración.
La reacción del Departamento de Seguridad Nacional
James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, celebró la decisión de la Corte Suprema y llamó a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos a optar por la deportación voluntaria.
A través de X, afirmó que la política de deportaciones a terceros países volvía a estar vigente y mencionó un programa que contempla el pago de 3.000 dólares y un vuelo de regreso.
El Departamento de Justicia había informado previamente a la Corte Suprema que el bloqueo dispuesto por un tribunal inferior obligó al Departamento de Seguridad Nacional a cancelar un vuelo hacia tres países que trasladaría a 70 migrantes, algunos de ellos con antecedentes penales.
