La Justicia bonaerense frenó por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil
La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, quien advirtió sobre la falta de infraestructura y recursos para atender el posible aumento de adolescentes dentro del sistema penal.
La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió de manera preventiva por 60 días la aplicación de la Ley N° 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina. La decisión se produjo apenas dos días después de la entrada en vigencia de la normativa nacional.
La medida cautelar fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, luego de hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en beneficio de adolescentes privados de su libertad.
Uno de los principales argumentos de la resolución fue la falta de infraestructura y recursos materiales en la provincia para afrontar el incremento de jóvenes que podrían ingresar al sistema penal. La nueva legislación reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para determinados delitos contemplados en el Código Penal.
Advertencia por la capacidad del sistema
La jueza consideró que el cambio legal podría generar un aumento significativo en la cantidad de menores detenidos, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia dentro de los dispositivos de encierro.
En ese contexto, cuestionó si la provincia cuenta actualmente con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para alojar a esta población de acuerdo con los estándares vinculados a los derechos humanos de niños y adolescentes.
Para fundamentar la suspensión, Pascual también analizó el estado de los centros de detención bonaerenses. Recordó que su juzgado había establecido anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora debido a que el establecimiento no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.
Aunque la resolución reconoció mejoras recientes relacionadas con el suministro de agua potable, la alimentación y las instalaciones, sostuvo que todavía existen deficiencias que impiden alcanzar las condiciones necesarias.
Entre los problemas señalados aparecen las dificultades para garantizar el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo, además de la necesidad de reducir los períodos de aislamiento de los adolescentes detenidos.
La magistrada también advirtió que el hacinamiento puede tener consecuencias sobre la seguridad pública, debido a que las condiciones de detención pueden influir en los niveles de violencia con los que los jóvenes recuperen la libertad después de cumplir sus penas.
Audiencia con autoridades provinciales
A partir de estos argumentos, la resolución ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que adopten de inmediato las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión de la Ley N° 27.801.
Además, la jueza convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre. Allí, las autoridades provinciales relacionadas con la aplicación del régimen deberán informar qué medidas fueron implementadas, cuáles están previstas y qué plazos manejan para adecuar el sistema a las nuevas exigencias.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
A nivel nacional, el Gobierno reglamentó la Ley N° 27.801 mediante el Decreto 875/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli.
El nuevo régimen establece que la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años. Al mismo tiempo, prohíbe las condenas a prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad.
Las penas de encierro deben cumplirse en centros especializados y separados de los adultos. El sistema también contempla alternativas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas.
Para acompañar y supervisar a los jóvenes, la reglamentación incorporó la figura del “supervisor especializado” y creó un registro provisorio de profesionales de psicología, trabajo social y pedagogía.
Asimismo, se establecieron un Comité Interministerial y una Mesa Federal destinados a coordinar las políticas públicas entre la Nación y las provincias. Para la implementación del sistema, el Congreso asignó una partida presupuestaria de $23.739.155.303,08.
