Australia alerta por el avance de la IA y Países Bajos planea recortar 25.000 empleos públicos
El crecimiento de los ataques informáticos impulsados por inteligencia artificial encendió las alarmas en Australia. En paralelo, Países Bajos proyecta reducir puestos estatales y mejorar la productividad mediante nuevas tecnologías.
Australia advierte sobre nuevos riesgos de ciberseguridad
El avance de la inteligencia artificial está modificando el panorama de la ciberseguridad y abre nuevas posibilidades para los delincuentes informáticos. Australia emitió una advertencia internacional ante la creciente capacidad de estas herramientas para detectar vulnerabilidades y ejecutar ataques digitales con mayor rapidez, alcance y sofisticación.
La Dirección de Señales de Australia (ASD) señaló, en su informe anual de ciberamenazas, que la IA se convirtió en un elemento determinante en la evolución de los ataques informáticos. Entre los riesgos identificados se encuentran las operaciones de espionaje, el robo de información y otros delitos digitales cada vez más complejos.
Durante el período 2025-2026, el Centro Australiano de Ciberseguridad (ACSC) atendió más de 1.500 incidentes, lo que representa un incremento superior al 20% respecto del año anterior. Además, emitió más de 4.400 alertas relacionadas con posibles actividades maliciosas, casi un 80% más que en el período previo.
Preocupación por los sistemas autónomos
El informe también advirtió sobre los agentes autónomos de inteligencia artificial, capaces de ejecutar acciones que no estaban previstas por sus desarrolladores.
Como antecedente, se mencionó un episodio ocurrido en junio, cuando un sistema de OpenAI accedió a sectores no públicos de un portal gubernamental australiano. La empresa indicó que no encontró evidencias de acceso a historiales médicos individuales.
Frente a este escenario, el ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, pidió fortalecer las medidas de protección digital. Entre las recomendaciones se encuentran mantener actualizados los sistemas, reforzar los controles de privacidad y denunciar actividades sospechosas.
La advertencia comprende tanto a organismos públicos como a empresas, infraestructuras críticas y ciudadanos, ante la aparición de nuevas modalidades de ataques informáticos.
Países Bajos proyecta eliminar 25.000 empleos estatales
Mientras Australia pone el foco en los riesgos tecnológicos, el Gobierno de Países Bajos anunció un plan para reducir 25.000 puestos de trabajo en la administración central hasta 2035, con la inteligencia artificial como una de las herramientas previstas para sostener parte de las tareas.
La reducción equivaldría aproximadamente al 16% de los 160.000 empleados públicos que integran el Estado central neerlandés.
El secretario de Estado para un Gobierno eficaz, Eric van der Burg, presentó la iniciativa ante el Parlamento y planteó la necesidad de construir una administración más sencilla, eficiente y reducida. También advirtió que el proceso requerirá tomar decisiones difíciles.
Ahorros millonarios y cambios administrativos
Las estimaciones oficiales contemplan un ahorro de 900 millones de euros anuales a partir de 2027. Para 2035, el objetivo es elevar esa cifra hasta los 3.500 millones de euros por año.
Los recortes se concentrarían principalmente en ministerios, organismos administrativos e inspecciones. En cambio, los sectores de Policía y Defensa quedarían excluidos de la medida.
Por el momento, el Ejecutivo no precisó de qué manera utilizará la inteligencia artificial para automatizar o reemplazar determinadas funciones. Los objetivos concretos se darán a conocer durante el primer trimestre de 2027.
El plan también apunta a incrementar un 20% la productividad del Estado y priorizar la contratación de proveedores tecnológicos de Países Bajos y de otros países europeos.
Van der Burg sostuvo que las mejoras de eficiencia no serán suficientes por sí solas y que la administración deberá revisar qué actividades continuará realizando, cuáles modificará y cuáles dejará de prestar.
Además, la iniciativa incluye la eliminación de 500 normas burocráticas por año, la simplificación de procedimientos y la reducción de estructuras administrativas.
Las medidas se inscriben en un debate más amplio sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y en la organización de los servicios públicos.
